Una comunidad mapuche deberá restituir tierras usurpadas a Manu Ginóbili
La justicia ha dictaminado que la comunidad mapuche Paichil Antriao debe devolver las tierras que ocupan desde 2018 a la figura del legendario basquetbolista Emanuel 'Manu' Ginóbili. El conflicto se centra en un predio de 13 hectáreas ubicado en la pintoresca localidad de Villa La Angostura, tierra que el deportista adquirió legalmente en 2004 con el objetivo de impulsar un desarrollo inmobiliario en la zona.
El embrollo legal que enfrenta al ídolo del baloncesto con la comunidad indígena no es nuevo, y de hecho remonta su inicio a casi dos décadas atrás. El trasfondo de este conflicto se basa en el reclamo de derechos ancestrales por parte de los Paichil Antriao, quienes aseguran que el territorio en cuestión forma parte de su propiedad comunitaria ancestral.
A pesar de estos reclamos, el juez civil Astoul Bonorino, quien emitió su veredicto en más de 100 páginas, falló a favor de Ginóbili tras evaluar la validez de su escritura de compraventa y la consiguiente inscripción registral, indicando que no existían pruebas suficientes de la ocupación ancestral mencionada por la comunidad.
Desde su punto de vista, Manu Ginóbili insiste en su condición de legítimo propietario, amparado en títulos de propiedad formal y actos legales que así lo constatan. La Corte decidió que, a diferencia del anterior fallo por usurpación donde los mapuches salieron airosos, esta vez la carencia de titularidad explícita por parte de la comunidad indígena posiciona al exjugador en una situación más sólida para reinvidicar las tierras.
No obstante, los miembros de la comunidad mapuche, que defienden que su presencia en la región data de siglos, lamentan que se desestimen testigos indígenas y evidencia antropológica presentada que, según ellos, podría ratificar genuinamente sus afirmaciones de larga ocupación.
El vocero de la comunidad, Florentino Nawel, subrayó que estas tierras fueron compradas por Ginóbili "de buena fe, ignorando el reclamo territorial de los Paichil Antriao", atribuyendo la situación a presuntas fallas en las transacciones inmobiliarias ocurridas antes de promulgada la ley 26.160 que protege la ocupación ancestral. Sus asesores legales han manifestado su intención de apelar ante instancias superiores, calificando el fallo de "dogmático" y divergente al carácter proteccionista hacia los pueblos originarios que la justicia debiera considerar.
Este veredicto resalta una vez más la tensa pugna por tierras que caracteriza buena parte del escenario sureño, donde el peso de las tradiciones ancestrales choca con las avanzadas económicas motivadas por la expansión del desarrollo privado.
