Quirófano VIP: el cirujano pagó más de $6 millones, pero la reparación económica no frena la acción penal
La causa conocida como “Quirófano VIP” finalmente pudo avanzar tras dos intentos fallidos y esta mañana se concretó la audiencia de formulación de cargos contra el principal acusado y seis personas más. En la instancia de hoy el juez resolvió a favor del pedido de la fiscalía contra los siete imputados por la cirugía estética realizada sin autorización en el hospital local a comienzos del año pasado, pese al acuerdo al que arribó el cirujano para subsanar el perjuicio económico.
El hecho investigado ocurrió el 12 de enero de 2025, cuando se practicó una dermolipectomía estética (liposucción) a la esposa del cirujano Fernando Martínez en el único quirófano del hospital. La intervención se extendió entre siete y ocho horas y la paciente permaneció internada durante 24 horas, según se informó en su momento al diario LCR.
Entre los principales acusados se encuentran el cirujano, su esposa, una médica como ayudante, un anestesiólogo y tres enfermeras. El delito que se les imputa a los trabajadores y profesionales del nosocomio es “Defraudación a la administración pública”.
Como ocurrió en diciembre y enero, meses en los que la audiencia fue reprogramada por razones médicos de algunos de los imputados, la instancia judicial se hoy fue sempresencial y estuvo encabezada por el juez de garantías Gastón Pierroni.
La acusación siguió a cargo de la fiscal Vanesa Cascallares junto al adjunto Rodrigo Vazzana, mientras que la defensa oficial fue ejercida por Julieta Soler y Leonardo Ballester. En representación de la querella y como parte de la Fiscalía de Estado actuará el abogado Federico Rosbaco, y la defensa particular estará a cargo de Guillermo Carricavur.
El delito que se investiga
Para la fiscal Cascallares hubo defraudación a la administración pública y peculado de servicio. Según explicó se atribuye a Martínez la autoría, mientras que a su esposa, una médica y el anestesiólogo los consideró participes necesarios. En el caso de las enfermeras, las mencionó como participes secundarios.
De acuerdo con la acusación, se habrían utilizado insumos, equipamiento y personal del hospital público sin autorización.
Detalló que “la práctica fue realizada al margen del sistema regular de atención hospitalaria, sin orden médica registrada y sin habilitación administrativa, lo que implicó un uso indebido de recursos públicos y del servicio de salud, en beneficio de una persona determinada, ajena a toda atención asistencial debidamente autorizada. La señora operada - esposa del cirujano interviniente - consintió y aceptó que su intervención se realizara en el hospital público en esas condiciones, acordando previamente con el autor la utilización de recursos estatales en su exclusivo beneficio, lo que permitió y aseguró la concreción del acto quirúrgico”.
Entre el sustento probatorio para esta instancia, el Ministerio Público Fiscal enumeró la denuncia penal del director del Hospital en conjunto con la Fiscalía de Estado, la copia de la nota remitida al Ministerio de Salud, las copias del libro de guardia, del de quirófano, de la foja de anestesia, de la historia clínica de la señora operada
Se mencionó, además, el protocolo de servicio de quirófano, entrevistas varias y nota remitida por el Presidente del Colegio Médico de Villa Regina.
Cabe recordar que el caso salió a la luz tras la denuncia de trabajadores del área de quirófano, en un contexto de escasez de recursos en el sistema de salud, lo que generó fuerte repercusión institucional y en la comunidad.
La defensa: “No hubo dolo ni perjuicio económico”
Durante la audiencia, la defensora Soler sostuvo que no debería prosperar la imputación por peculado, al entender que no existió dolo. Además, afirmó que los insumos fueron comprados por el médico y que la anestesia fue cubierta por la obra social. También remarcó que no hubo horas extras ni clandestinidad. En la misma línea se expresó Ballester.
Por su parte, Carricavur defendió la actuación del personal de enfermería al señalar que estaban de guardia y que no existe un protocolo que les permita negarse a asistir a una cirugía indicada por un cirujano. Sostuvo que actuaron en cumplimiento de su deber.
“No actuaron para defraudar al Estado, no se formó un equipo médico para ejecutar ese plan como dice la fiscal. Acá hubo enfermeras que estaban de guardia y fueron convocadas a quirófano. Ellas no sabían de qué se trataba y no existe un protocolo de cómo funciona el quirófano. Por lo tanto, no tienen autoridad para no asistir a una cirugía que es indicada por un cirujano. Las tres estaban de guardia, dentro de su función cumplieron con su deber laboral. Como lo indica el articulo 34 -inciso 4, actuaron en cumplimiento de su deber laboral”, expresó Carricavur.
Un pago que no extingue el delito
Luego de coincidir con la Fiscalía, Pierroni tuvo por formulados los cargos en esta etapa procesal. En respuesta a los planteos de la defensora Soler aclaró que no se les imputa una administración fraudulenta, sino el uso indebido de recursos públicos.
Explicó que el delito de peculado de servicio no requiere un perjuicio económico concreto, sino que basta con utilizar bienes o recursos del Estado en beneficio propio o de terceros.
Por esta razón, el hecho de que Martínez haya abonado previo a la audiencia de hoy la suma en efectivo, y en dos pagos, de $6.077.520,98 sólo resolvió un eventual reclamo civil o administrativo, es decir, una futura demanda por daños y perjuicios.
Sin embargo, el acuerdo al que arribó el cirujano con la Fiscalía de Estado no tiene efectos en el proceso penal porque si bien permite clausurar la investigación administrativa patrimonial iniciada por el Estado provincial, la causa judicial no se cierra.
En relación a este último es necesario señalar también que fuentes consultadas por este medio indicaron que existe un impedimento legal para aplicar un criterio de oportunidad o una suspensión de juicio a prueba, ya que el Código Procesal Penal no permite ese tipo de salidas cuando el delito es cometido por un funcionario público en ejercicio de su función.
Por todo ello, la causa se encaminaría hacia un juicio oral o eventualmente a un juicio abreviado, si las partes alcanzan un acuerdo.
Con la formulación de cargos concretada este martes, el caso “Quirófano VIP” entra ahora en una etapa que establece 4 meses para continuar con la investigación.
