Diputados aprobó citar a Karina Milei por las supuestas coimas en discapacidad
En un tenso debate que promete repercusiones significativas en la política argentina, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud Pública ha desatado un vendaval de opiniones cruzadas. Encabezado por los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), la sesión aprobó pedidos de interpelación a dos figuras prominentes del gobierno: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Mario Lugones, titular de la cartera de Salud. Esta medida surge a raíz de las graves denuncias de sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los diputados Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño y Christian Castillo han fusionado sus propuestas para instar a una aclaración completa sobre los implicados en el caso. Según Sabrina Selva, “los claros vínculos entre audios reveladores y los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional hacen esencial que estos rindan cuentas ante nuestra Cámara.” Este llamado a la transparencia cuenta con el respaldo de parlamentarios de distintas vertientes políticas, entre ellos Margarita Stolbizer y Marcela Pagano, quienes claman por un Congreso que se mantenga autónomo y sin injerencias políticas.

Paralelamente, los reflejos de este conflicto sacuden la política legislativa más amplia, manifestándose también en los debates sobre la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Con la composición plural del Congreso actual —un desafío constante para la gestión de Javier Milei—, políticas de larga data como los DNU están siendo reexaminadas, poniendo al descubierto tensiones profundas entre continuidad y cambio. La diputada del PRO Laura Rodríguez Machado no se atreven a ocultar su escepticismo hacia "la alteración de una herramienta que siempre funcionó cuando fue necesario adaptar la normativa presidencial a la realidad del país."
Entretanto, otras figuras examinan estas reformas desde perspectivas de largo plazo. Para Rodrigo de Loredo, del radicalismo, "las reformas propuestas aplican selectivamente estándares jurídicos que no tienen en cuenta el contexto vasto y complejo necesario para cualquier gobierno en minoría". En debate se encuentra ahora no solo el destino de las reformas, sino estratégicamente también la posibilidad de un cambio estructural en el ejercicio del poder en Argentina.