El Gobierno extendió el plazo para rescindir contratos con empresas estatales
El Gobierno nacional ha decidido extender hasta el final del año el término para que las entidades estatales y las empresas públicas puedan colocar punto final a los acuerdos con firmas donde el Estado mantiene participación o han disfrutado de ventajas únicas en el suministro de bienes y servicios. Esta medida se lanzó a través del Decreto 591/2025, suscrito por el presidente Javier Milei y acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La resolución actual llega como una prolongación de lo estipulado en el anterior Decreto 747/2024, que estaba programado para expirar el 22 de agosto de este año. Dicho decreto había previamente anulado normas que restringían a los organismos nacionales a concretar acuerdos exclusivamente con ciertas empresas estatales. Por ejemplo, desapareció el monopolio del Banco Nación en materias de pago de sueldos a los empleados de la esfera pública, una disposición que había estado vigente desde 2012. Posteriormente, en abril, el Ejecutivo distribuyó a once bancos diversos entre públicos y privados la oportunidad de ofrecer servicios gratuitos de cuentas sueldo, dentro del marco de la Decisión Administrativa 9/2025.
Entre las entidades que recibieron el beneficio de otorgar estos servicios se incluyen bancos reputados como el Banco Credicoop, el Banco Patagonia, el ICBC y el Banco Galicia, entre otros. Según las directrices del gobierno, estos bancos deben producir planes que ofrezcan beneficios tangibles a los trabajadores estatales, concentrando sus esfuerzos en brindar préstamos hipotecarios con intereses reducidos.
La historia detrás de estas prórrogas se ancla al Decreto 70/2023 que rompió con los privilegios para empresas de participación estatal, negándoles cualquier ventaja o prioridad en los procesos de contratación metálica o jurídica ante la administración pública. La prórroga actual pretende otorgarles a los organismos tiempo suficiente para ajustes conforme a las normas de nuevas licitaciones nacionales. Según dicta el Decreto 591/2025, las entidades oficiales pueden optar por prolongar convenios previos que hubieran sido parte de las condiciones hasta el cierre del año cuando las circunstancias lo aconsejen.
Desde la Casa Rosada se manifestó duramente contra los antiguos decretos, tildándolos de "nefastos" y meramente diseñados para desviar recursos de los contribuyentes a favor de empresas específicas. El resultado al que aspira el Gobierno con estos cambios es asegurar un tratamiento equitativo a todas las compañías, promoviendo una auténtica competitividad del mercado y limitando el favoritismo sesgado al adjudicar servicios de la administración pública.
