Vialidad: Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes
Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente la suspensión de la ejecución de sus bienes destinados al pago de reparaciones tras el fallo en la causa Vialidad. Esta solicitud se realizó horas antes de que se cumpliera el plazo estipulado para el depósito de $648.000 millones, que le corresponde pagar junto a otros implicados en el caso. Dicha cifra, cuestionada por su defensa, es vista como excesiva y carente de fundamento justo.
El documento presentado por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, pone en tela de juicio la metodología utilizada por los peritos para llegar al monto establecido. Según explicó Fernández de Kirchner, el cálculo fue impuesto sin un debate previo adecuado, violando así su derecho a una defensa justa.
Asimismo, aseguró que no posee bienes que puedan ser ejecutados bajo los parámetros planteados por las autoridades judiciales. En ese sentido, argumentó que su patrimonio no guarda relación directa con las infracciones legales imputadas.
La expresidenta, quien actualmente cumple su pena en modalidad domiciliaria, reafirmó la legitimidad de su estado patrimonial, así como el de su familia. Respaldó su postura con pronunciamientos jurídicos previos, considerados como de sentencia ya comprobada.
La solicitud de suspensión también criticó el uso del índice de precios al consumidor del INDEC como base para el cálculo del monto. En su lugar se sugirió el uso de tasas bancarias, considerado esto último como más acorde con precedentes anteriores. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Beraldi en el escrito.
En el informe alternativo presentado por la defensa de la expresidenta, se expone que el monto correcto a pagar es significativamente menor, representado tan solo el 6% del valor impuesto por la Corte. Este ajuste se desarrolló tomando como base el peritaje del contador José Gaincerain, quien defiende el uso de la tasa pasiva promedio del Banco Central para tales cálculos. El contexto se complica debido a que el método de cálculo admitido previamente por el Tribunal no especifica claramente cómo debería establecerse el monto.
