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05/08/2025

Denuncia contra el Estado nacional por la ruta 151: qué pasó con Vialidad Nacional tras la feria judicial en Buenos Aires

A través de la Fiscalía de Estado, el gobernador encabezó la presentación de un amparo colectivo presentado en la Justicia Federal de Roca.

Durante los primeros días de julio pasado, tanto el gobierno de Río Negro como la Defensoría del Pueblo, varios intendentes de municipios afectados y representantes de entidades empresariales; se sumaron en una presentación una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional 151. Sin embargo, las intenciones reparatorias chocaron contra la burocracia de la Justicia Federal.

Una alta fuente oficial del gobierno rionegrino aclaró respecto de las demoras en que la notificación de la presentación provincial aún no haya llegado al organismo nacional, en supuesto proceso de liquidación por parte de la presidencia de la Nación (Decreto 451/25), y que en la actualidad se encuentra frenado por varios amparos judiciales.

Indicaron que “cuando nosotros interpusimos la nota, a los tres días salió el Decreto, por lo tanto tuvimos que reconvenir la notificación, aunque es la justicia (federal en Roca) es la que tiene que notificar”.

Uno de los atrasos estaría vinculado a que recién ayer se levantó en el ámbito nacional la feria judicial de invierno. Además, con cierto recelo, las fuentes apuntaron que “increíblemente” las cédulas confronte se entregan en papel y mediante un oficial notificador.

Asimismo, insistieron en que “es la Justicia Federal la que tiene que notificar al demandado, depende de ellos no de la provincia” y por lo que se sabe, “la cédula papel está en la Oficina Judicial de Buenos Aires”.

 

Presentación

 

En el marco del envío del escrito por parte de la Fiscalía de Estado de la provincia, a cargo de Gastón Pérez Estevan, los tribunales federales de Roca, el gobernador Alberto Weretilneck advirtió que el estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 “es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país”. Aseguró que la presentación judicial colectiva impulsada por la Provincia, junto a intendentes e instituciones, busca que la Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.

El objetivo es que la Justicia exija a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.

“Agotamos todas las instancias de reclamo sin recibir respuesta alguna. Este gobernador, los intendentes y los medios locales llevamos años denunciando el abandono de la ruta 151 y la única herramienta que nos queda es la Justicia”, subrayó Weretilneck en declaraciones periodísticas. El juez federal ya aceptó la demanda y dio 11 días a Vialidad Nacional para responder sobre el estado de la ruta y las acciones previstas, iniciando la tramitación formal del expediente.

La demanda detalla que el pésimo estado de la ruta 151 obstaculiza servicios esenciales: en lo que va del año, más de 576 traslados sanitarios dependen de este tramo, mientras que más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas utilizan diariamente la ruta para acceder a la educación. Además, impacta directamente en actividades estratégicas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.

“Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas”, denunció el mandatario provincial.

Entendió que las provincias “no generamos inflación ni deuda externa, pero somos quienes sostenemos la producción y la vida del país. Es hora de que la Nación cumpla con sus obligaciones”.

La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: recursos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse al mantenimiento de rutas, son desviados sistemáticamente, agravando la situación.