DEMANDA
“Increíble cómo se ríe en la cara de la gente”: qué dice la demanda en contra de Villaverde por la venta de terrenos
Tres amigos hicieron una demanda colectiva por daños y perjuicios derivados de la Ley de Defensa del Consumidor, en contra de la actual diputada Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza.
Reclaman una suma cercana a los 100 millones de pesos, por incumplimiento a la hora de comprar terrenos en Las Grutas.
La denuncia la llevó a cabo la abogada Verónica Arizcuren, con el acompañamiento de varios poderes, declaraciones juradas, cartas documentos, copia de boleto de compra y venta, recibos de pago, fotos de la publicidad engañosa y capturas de chats de WhatsApp.
NoticiasNet accedió a la demanda completa por incumplimiento contractual, publicidad engañosa y violación de la Ley de Defensa del Consumidor, que lleva a cabo la abogada viedmense Verónica Arizcuren.
En este sentido, expuso: “Mis mandantes son tres amigos muy unidos, de los cuales dos, Larreguy y Cabral, son oriundos de la zona, por lo que conocen el balneario Las Grutas desde pequeños. Con los ahorros de toda su vida deciden comprar tres lotes a la Sra. Villaverde”.
El 30 de diciembre de 2020, con la pandemia de COVID19 ya empezada, celebraron el boleto de compraventa de lotes por una suma equivalente a $5.940.000.
En dicho acto entregaron la suma en efectivo de $2.970.000 y el saldo en 48 cuotas, siendo las primeras 24 cuotas fijas de $95.200 .
La vendedora se comprometió a la apertura y enripiado de calles, provisión de servicios de red de agua potable y red eléctrica, nivelación y cordón cuneta y alumbrado público, todo ello en el plazo de diez meses a partir de abril de 2021, pudiendo ser ampliado por seis meses más en caso de factores externos ajenos a la voluntad de Villaverde. Una vez cumplidas dichas obras, la demandada haría entrega de la posesión de las parcelas.
Dicho plazo venció en agosto de 2022, para septiembre de ese mismo año los mandantes ya habían cancelado la totalidad de las cuotas acordadas.
También hay constancias de transferencias de la cuotas de los terrenos dirigidas a distintas personas que la demandada les indicaba al momento del pago, como se puede ver en una conversación de WhatsApp entre uno de los perjudicatarios y Villaverde.
La letrada indicó que “mis mandantes comenzaron a consultar por distintos medios, WhatsApp, llamadas telefónicas, como iban los avances de las obras y cuando sería la entrega. Al principio mantuvieron conversaciones con la señora Pamela García, secretaria de la demandada, hasta que se desvinculó y comenzaron a tratar con Javier Rubio, quien sería el Administrador del lugar. También con la propia demandada vía WhatsApp, quien siempre alegaba que se encontraban trabajando y culpando a la situación del país”.
Se dieron cuenta del engaño
“Empezaron a tomar conocimiento de que las obras a las que se había comprometido la vendedora tampoco se estaban realizando, varios familiares de los actores pasaban por el lugar y veían que nada de lo acordado se estaba realizando. Decidieron asesorarse acerca de la situación registral del inmueble donde se asentaban las parcelas. La investigación comenzó por la municipalidad de San Antonio Oeste donde le dijeron que las parcelas que habían comprado según el contrato suscrito no existían en el nomenclador local”, subrayó.
Más bien, lo que existía en dicha locación, era una parcela rural a nombre de la Sra. Villaverde, que, siendo así un campo no podía establecerse allí un loteo urbanístico sin la correspondiente excepción al código de planeamiento urbano.
Ya una vez profundizado el estudio de la factibilidad de que una parcela rural pase a ser urbana a los efectos de lo determinado contractualmente, se hallaron con escollos de tipo imposibilitantes de cumplir con el contrato entre las partes.
Así el estado de la cuestión, “los actores comenzaron a tomar noción de que habían sido estafados, por lo cual deciden enviar una Carta documento con fecha 08/08/2024 intimando al cumplimiento de lo acordado en el boleto suscripto por las partes”.
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Con fecha 16/08/2024, la demandada por intermedio de su apoderado, el doctor Augusto Gerardo Collado, responde que es “falso que esta parte haya incurrido en el incumplimiento contractual con lo establecido en el boleto de compraventa” y que los inconvenientes “obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad de esta parte, derivadas de la pandemia mundial por Covid-19 por la que tanto el gobierno nacional, provincial y local implementaran una cuarentena estricta con restricciones a la circulación”.
Con este descargo encima, la abogada remarcó que es “increíble como esta gente se ríe en la cara de la gente, le siguen adjudicando la culpa de su incumplimiento a la pandemia de COVID 19. Al momento del envío de esa misiva cursábamos el mes de agosto, más de cuatro años desde el inicio de la pandemia. Asimismo, cuando firmaron el boleto de compraventa, la pandemia ya había comenzado, o sea, que ya tenían conocimiento de las situaciones que se presentaba”.
“Resulta abusivo e indigno el trato dado a mis mandates. También alegan factores externos como la importación de elementos para concretar las obras, lo cual es ajeno a la obligación contraída”, resaltó.
Por lo cual, los compradores se vieron obligados a interponer la presente demanda a fines de que sean reconocido sus derechos.
