Tras la amenaza de bomba en Regina: qué dijo el Colegio Industrial y cómo avanza la investigación
Por tercera vez en un año, una nueva amenaza de bomba volvió a alterar ayer la actividad escolar en dos colegios de esta ciudad. El alerta y el operativo que se desplegó en un sector del centro alcanzó al colegio Industrial y también al María Auxiliadora. Si bien se confirmó que se trató de otra falsa alarma, ahora la investigación avanza para identificar a los autores para que asuman las consecuencias legales y económicas que correspondan con el objetivo de frenar este tipo de hechos.
Lo sucedido minutos antes del mediodía del martes generó preocupación en ambas comunidades educativas, complicaciones en la circulación por el corte de calles y un fuerte malestar por la movilización de recursos públicos que demanda cada procedimiento de este tipo.
Tras lo ocurrido, desde el colegio Industrial difundieron un comunicado en el que expresaron su inquietud por la reiteración de estos episodios y detallaron cómo actuó la institución.
“Cerca del mediodía se recibió un llamado telefónico con una amenaza de bomba, lo que obligó a activar de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos”, señalaron.
Además, indicaron que se dio aviso a Supervisión de Educación, a la Policía de Río Negro y a los organismos competentes, interviniendo personal policial, bomberos y la brigada especializada, que realizaron las tareas preventivas correspondientes.
También confirmaron que se radicó la denuncia penal y que la investigación quedó en manos de la Justicia.
Como medida preventiva, las autoridades resolvieron finalizar la jornada del turno mañana y suspender las actividades del turno tarde, priorizando el resguardo de estudiantes, docentes y personal no docente.
“La institución actuó con la seriedad y responsabilidad que la situación requiere”, remarcaron, al tiempo que lamentaron este tipo de hechos por la preocupación que generan, la alteración del normal funcionamiento escolar y la movilización de recursos institucionales, policiales y judiciales.
En ese marco, adelantaron que continuarán trabajando junto a estudiantes y familias en la responsabilidad, el cuidado de la palabra y el acompañamiento familiar en la formación de los jóvenes.
Cómo sigue la investigación
Fuentes vinculadas al caso indicaron esta mañana al diario LCR que ahora la tarea se concentra en identificar al autor o autores de la llamada. Para ello se trabaja con entrevistas, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y análisis de las líneas telefónicas.
Hasta el momento no hubo avances significativos en otras amenazas similares registradas anteriormente en establecimientos educativos de Regina, pero en caso que sí suceda en esta ocasión, los investigadores detallaron cuáles podrían ser las consecuencias legales.
En el plano penal, una falsa amenaza de bomba no se trata de una simple broma. En Argentina puede encuadrarse como intimidación pública, delito contemplado en el artículo 211 del Código Penal, con penas que van de dos a seis años de prisión según las circunstancias.
En caso de que los responsables sean menores de edad, también pueden generarse responsabilidades civiles para sus padres o tutores. Un antecedente reciente ocurrió en Santa Fe, donde el Gobierno resolvió cobrar a los progenitores de un adolescente más de seis millones de pesos para cubrir el costo del operativo de seguridad desplegado tras una falsa llamada.