2025-07-17

Revés judicial para Milei: la Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

El Gobierno no podrá avanzar sobre el organismo hasta que se pronuncie un juez sobre la constitucionalidad del decreto de Milei y Sturzenegger.

El controversial proceso de reestructuración propuesto por el Gobierno de Javier Milei para disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha sido detenido tras una decisión judicial significativa. La jueza Martina Isabel Forns del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín ha fallado a favor de una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), imponiendo un límite de seis meses sobre el decreto gubernamental.

Este fallo judicial impacta directamente sobre el Decreto 461/2025, que proponía cambios importantes en la estructura de Vialidad Nacional, convirtiendo en realidad potencial una serie de medidas que incluían reubicaciones forzosas, cesantías y pase a disponibilidad del personal. La suspensión se ha logrado gracias a la interpretación jurídica de las normas procesales que permiten este tipo de intervenciones cuando los derechos colectivos de los trabajadores están en peligro.

En su declaración, la jueza Forns destacó la irrenunciabilidad de los derechos laborales enunciados por la Constitución Nacional y los convenios de la OIT, que sirven de base para proteger a los empleados de alteraciones unilaterales por parte del empleador. Además, expresó una abierta crítica al artículo 32 del Decreto, el cual pretendía imponer fechas límite a la estabilidad del personal, vulnerando las normativas laborales vigentes.

 

 

Dicho proceso ha generado una fuerte polémica en los últimos diez días, desde que el Gobierno de Milei decidió, mediante decreto, deshacer Vialidad Nacional, además de otras entidades relacionadas con el control de tránsito en Argentina. Este ambiente tenso despertó reacciones altisonantes por parte del sindicato nacional, que empleó fuertes términos al referirse a funcionarios como Luis Caputo y Federico Sturzenegger involucrándolos en acusaciones sobre tragedias futuras.

El sindicato enfatizó que las acciones propuestas no solo eran un atentado contra la seguridad vial, comparándolas con la tragedia ferroviaria de la estación de Once en 2012, ampliando su mensaje en un contexto de alarma por la vida de cientos de argentinos que usan las carreteras diariamente. Federico Sturzenegger enfrenta así un panorama complejo en su misión por reformar el Estado, mientras la decisión de la justicia invita a un momento de reflexión sobre los límites de las decisiones ejecutivas en el ámbito laboral.

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