Un banco y una aseguradora deberán pagar una suma millonaria por descuentos no autorizados a un vecino de Regina

La justicia condenó a una entidad bancaria y a una compañía aseguradora a pagar una indemnización de $13.800.000 a un vecino de Regina que denunció descuentos reiterados en su caja de ahorro por seguros que nunca había contratado.

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El fallo fue dictado por la jueza Paola Santarelli al considerar acreditadas las irregularidades que planteó la persona que sufría los descuentos y determinó que ambas empresas incumplieron las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

El conflicto comenzó en 2013, cuando el titular de la cuenta bancaria advirtió que se estaban realizando débitos automáticos de pequeños montos correspondientes a una aseguradora. Por esta situación se presentó en el banco y pidió la suspensión de los descuentos, medida que se implementó, pero solo por poco tiempo.

La situación se prolongó durante varios años y en 2019 presentó un nuevo reclamo con lo que consiguió que se dieran de baja dos pólizas que desconocía. Sin embargo, meses después detectó nuevamente descuentos en su cuenta, incluso por uno de los seguros cuya cancelación ya había solicitado. Durante 2020 volvió a encontrarse con la misma situación, pese a haber realizado al menos cuatro pedidos para que cesaran los débitos.

Por la reiteración de los descuentos sin su autorización intimó tanto al banco como a la aseguradora para que los interrumpieran y le devolvieran el dinero. Al no obtener respuestas satisfactorias, en agosto de 2021 inició una demanda por daños y perjuicios.

Durante el proceso judicial, el banco rechazó las acusaciones y sostuvo que los descuentos correspondían a seguros de robo y de vida contratados telefónicamente por el cliente. El banco aseguró que contaba con grabaciones de las conversaciones telefónica que autorizaban la contratación, pero nunca fueron presentadas.

La aseguradora, por su parte, no contestó la demanda y fue declarada en rebeldía. Posteriormente se presentó en el expediente, pero tampoco logró demostrar el consentimiento para la contratación de los seguros y cobro mediante débitos automáticos en la caja de ahorro del damnificado.

La jueza Santarelli estableció que los resúmenes bancarios confirmaban la existencia de descuentos de la aseguradora SURA, sin contar con contratos ni autorización para los descuentos.

En la sentencia fijó una indemnización de 4,7 millones de pesos por daño moral y a su vez estableció una sanción de 9,1 millones de pesos en concepto de daño punitivo, al entender que las empresas desarrollaron una conducta sistemática destinada a obtener un beneficio económico indebido mediante descuentos no autorizados; por lo que la condena al banco y la aseguradora trepó a los $13,8 millones.