Policías condenados por vejaciones en Alta Barda: los cuatro recibieron penas en suspenso

Por Candela Rossi Bustafán y Agustín Aroca

Los cuatro policías declarados responsables por las agresiones y amenazas a dos adolescentes en las bardas de Roca recibieron este lunes 2 de noviembre penas de prisión de ejecución condicional. Las condenas van de dos a tres años y están acompañadas por inhabilitaciones para ejercer funciones policiales de entre cuatro y seis años.

La sentencia fue acordada por el Tribunal integrado por Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Gatti estuvo a cargo de la lectura de las penas, que fueron establecidas por unanimidad. Los mismos jueces habían declarado penalmente responsables a los cuatro policías el 24 de septiembre, cuando descartaron la calificación de torturas.

Las penas que recibieron los cuatro policías

La condena más alta fue para Jorge Luis Espinoza, considerado autor de los delitos, a quien el Tribunal impuso tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer funciones policiales.

En el caso de Mauricio Omar Escobar, declarado partícipe necesario, la pena fue de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación policial.

Por su parte, Ana María Marilaf y Betiana Soledad Beltrán, también declaradas partícipes necesarias, recibieron dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones policiales cada una.

Los cuatro condenados deberán afrontar las costas del proceso judicial, según lo dispuesto durante la lectura de la sentencia.

Las penas de prisión son de ejecución condicional, por lo que ninguno de los cuatro deberá ingresar a prisión como consecuencia inmediata de estas condenas, siempre que cumplan las condiciones establecidas judicialmente.

Las reglas de conducta que deberán cumplir

El Tribunal impuso a los cuatro policías reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar y mantener domicilio, realizar presentaciones periódicas ante el organismo correspondiente y no cometer nuevos delitos.

También estableció restricciones relacionadas con el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas, además de una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de los adolescentes y de sus domicilios.

El incumplimiento de las condiciones puede tener consecuencias sobre el carácter condicional de las condenas, conforme a lo previsto en el artículo 27 bis del Código Penal.

Por qué el Tribunal rechazó las penas que había pedido la Fiscalía

Durante la lectura de los fundamentos, Gatti explicó que el Tribunal consideró la gravedad de los hechos, los medios utilizados para cometerlos y el daño causado a las víctimas. Sin embargo, los jueces no compartieron la valoración de la Fiscalía para justificar penas superiores a tres años de prisión.

El magistrado señaló que la escala penal aplicable al caso iba de uno a cinco años de prisión y que correspondía tomar como referencia su punto medio, de tres años, para determinar las sanciones según las circunstancias particulares de cada condenado.

Entre los factores atenuantes, el Tribunal consideró la ausencia de antecedentes penales computables, la impresión personal que causaron los acusados y su comportamiento durante el juicio.

En el caso de Marilaf y Beltrán, también valoró que tenían menor jerarquía y participación que sus compañeros y que, según lo analizado en el juicio, habían pedido a Espinoza que detuviera las agresiones contra los adolescentes.

Como agravantes, los jueces tuvieron en cuenta que los cuatro eran empleados policiales y que las víctimas habían sido trasladadas a un lugar alejado, una circunstancia que incrementó su situación de indefensión.

El Tribunal estableció una diferencia entre Espinoza y los demás condenados porque consideró acreditado que fue quien ejecutó las agresiones y amenazas contra los adolescentes.

En cuanto a Escobar, los jueces valoraron su mayor jerarquía y sus funciones policiales para imponerle una pena superior a las de Marilaf y Beltrán.

Fiscalía había pedido prisión efectiva para los cuatro

Durante la audiencia de cesura realizada el lunes 26 de octubre, el fiscal Gastón Britos Rubiolo había solicitado penas de prisión efectiva para todos los acusados.

La Fiscalía pidió cuatro años y diez meses para Espinoza, cuatro años y ocho meses para Escobar, cuatro años y cuatro meses para Marilaf y cuatro años y dos meses para Beltrán.

Además, requirió inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de cada condena y el pago de las costas procesales.

Para fundamentar su pedido, Britos Rubiolo sostuvo que los condenados habían utilizado recursos del Estado y armas reglamentarias para intimidar a dos adolescentes, pese a que su función era prevenir delitos y proteger a la población.

El fiscal también hizo referencia a las lesiones físicas y las secuelas psicológicas sufridas por las víctimas. Durante su exposición, sostuvo que los acusados no habían mostrado arrepentimiento y les atribuyó un supuesto pacto de silencio y maniobras destinadas a eliminar evidencia.

Las defensas habían solicitado condenas en suspenso

Los abogados defensores habían rechazado el pedido de prisión efectiva y solicitado penas mínimas de ejecución condicional.

Juan Pablo Chirinos, defensor público de Espinoza, pidió una pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación. Argumentó que debían considerarse la situación familiar de su asistido y sus responsabilidades de cuidado, y propuso cursos sobre derechos humanos y violencia institucional como posibles reglas de conducta.

Flavia Rojas, defensora pública de Marilaf, sostuvo que el pedido fiscal no contemplaba adecuadamente las circunstancias personales de su asistida. Durante la audiencia destacó el testimonio de una psicóloga que la describió como una mujer vulnerable y de personalidad tranquila. A partir de esa evaluación, la defensora argumentó que Marilaf no había estado en condiciones de oponerse a quien portaba el arma durante los hechos.

Por su parte, Federico Diorio, defensor de Escobar, y Oscar Pineda, abogado de Beltrán, también solicitaron penas mínimas de ejecución condicional, con pautas de conducta y presentaciones trimestrales.

El Tribunal descartó la acusación de torturas

El 24 de septiembre, los jueces habían declarado a los cuatro policías responsables por privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de función, en concurso ideal con vejaciones, severidades y amenazas con armas.

En esa decisión, Espinoza fue declarado autor y Escobar, Marilaf y Beltrán, partícipes necesarios.

La Fiscalía había llevado el caso a juicio con una acusación por torturas. Sin embargo, el Tribunal descartó esa calificación jurídica y consideró que correspondía responsabilizar a los policías por los otros delitos establecidos en el veredicto.

La decisión no significó que los jueces negaran las agresiones denunciadas por los adolescentes. Por el contrario, consideraron acreditados los hechos y la participación de los cuatro policías, aunque les atribuyeron una calificación jurídica diferente de la solicitada por la acusación.

El caso que comenzó en un playón de Alta Barda

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de junio de 2024, cuando los cuatro policías, que prestaban funciones en la Comisaría 47 de J.J. Gómez, llegaron en un patrullero a un playón deportivo del barrio Alta Barda, en Roca.

En ese lugar abordaron a dos adolescentes y los obligaron a subir al vehículo policial. Posteriormente, los trasladaron hacia una zona de bardas, donde sufrieron agresiones y amenazas con armas.

Durante el episodio, uno de los adolescentes resultó herido en una pierna por el impacto de un perdigón de escopeta. Los jóvenes consiguieron escapar y permanecieron ocultos en las bardas.