Creyó que eran ladrones y le disparó a un niño: un conocido ex piloto de Regina irá a juicio

La causa judicial por el disparo que hirió a un niño de 12 años en una chacra de Ingeniero Huergo durante la noche del 24 de diciembre de 2024, avanzó hacia la instancia de juicio oral luego de que la Justicia rechazara un ofrecimiento de reparación económica de casi seis millones de pesos presentado por la defensa del imputado.

Lee también: Fin de semana de suerte en la provincia en el Patagonia Telebingo

La decisión se conoció durante una audiencia de control de acusación realizada el viernes en la Ciudad Judicial de esta ciudad, en la que intervino el juez Fernando Sánchez Freytes. Participaron además la fiscal Vanesa Cascallares, la defensora pública Betiana Soler y la querellante Cristina Espósito.

Uno de los principales puntos de discusión fue precisamente el planteo de la defensa, que durante la audiencia había ofrecido una reparación económica cercana a los seis millones de pesos. Según expuso Soler, la propuesta había sido aceptada por la querella y buscaba constituir una salida alternativa al proceso penal para obtener el sobreseimiento del imputado Miguel Angel Nonnenmacher.

En todo momento la defensora sostuvo que se trató de un hecho accidental y no de una agresión intencional. De acuerdo con su reconstrucción, el padre del niño, quien trabajaba como encargado de la chacra, había advertido movimientos y ruidos sospechosos que atribuyó a personas que intentaban robar frutas. Ante esa situación, se comunicó con el propietario del predio, quien llegó al lugar con un arma de fuego y efectuó disparos que terminaron impactando en una de las piernas del menor.

La defensa remarcó que Nonnenmacher se hizo responsable de lo sucedido, trasladó al chico hasta el hospital y posteriormente se ocupó de sus curaciones. También mencionó que, según el informe del médico forense, las lesiones fueron calificadas como leves, dado que el tiempo de curación estimado era inferior a un mes.

La querella aceptó el dinero, pero no hubo acuerdo

 

Desde la querella explicaron que habían decidido aceptar el ofrecimiento económico después de evaluar las necesidades actuales del niño, quien debe afrontar una cirugía urgente y otras prestaciones médicas, además de la difícil situación económica que atraviesa su familia.

Sin embargo, aclararon que aceptar la reparación no significaba compartir la teoría del caso de la defensa ni renunciar a un eventual reclamo por daños y perjuicios en el ámbito civil.

Por su parte, la fiscal Cascallares se opuso al planteo de la defensa. Sostuvo que no correspondía reducir lo sucedido a una compensación económica por las lesiones ocasionadas a un menor, especialmente porque la investigación también comprende un delito relacionado con la portación ilegítima de un arma de fuego, cuya afectación excede el interés individual de la víctima y compromete la seguridad pública.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la hipótesis de la acusación es que el disparo no fue accidental, sino que el imputado tuvo la intención de disparar contra una persona y efectivamente lo hizo. Además, agregó que la discusión sobre la gravedad de las lesiones deberá resolverse durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que desde la Fiscalía se resolvió iniciar la investigación e iniciar la causa de oficio por tratarse de delitos de acción pública, por lo que la voluntad que hubiese tenido la familia no impedía la continuidad de la investigación. “Más allá de las lesiones, había un abuso de arma y portación que no estaba claro”, se dijo en su momento a este medio.

Finalmente, el juez Sánchez Freytes rechazó el pedido de reparación económica. Entre sus argumentos, señaló que la investigación contempla un concurso real de delitos y que, por lo tanto, la reparación debía ser integral respecto de ambos hechos con la aceptación de las dos posiciones, es decir, tanto de la Fiscalía como la Querella. Por esta razón, consideró que no estaban dadas las conformidades necesarias para avanzar con esa salida alternativa.

Una causa que se encamina a juicio

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo la acusación por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. En este sentido, Cascallares señaló que, de recaer una condena bajo esa calificación, la pena podría superar los tres años de prisión, motivo por el cual solicitó que el caso sea juzgado por un tribunal colegiado.

La defensa, en tanto, mantuvo su postura de que se trató de un hecho accidental, vinculado con la irresponsabilidad en el manejo de un arma de fuego, y no de una conducta dolosa como sostiene la acusación.

De esta manera, rechazado el intento de resolver la causa mediante una reparación económica, el proceso continuará hacia el juicio, donde deberán confrontarse las distintas hipótesis sobre lo ocurrido a las 23,45 del 24 de diciembre de 2024 en la zona rural huerguense.