El empresario de Viedma "Fred" Machado admitió lavado en Estados Unidos y complica la situación judicial de Espert
El Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas declaró formalmente culpable al empresario viedmense Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. La decisión, firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III, consolida el acuerdo alcanzado entre la defensa del patagónico y la fiscalía estadounidense.
Mazzant adoptó la recomendación previa del magistrado Don Bush, emitida tras una audiencia de apenas 16 minutos en la que el propio Machado - nacido y criado en la capital rionegrina - admitió su responsabilidad en las maniobras imputadas. Con esta resolución, la discusión judicial en Estados Unidos dejó de centrarse en su culpabilidad y pasó a enfocarse en la condena que deberá cumplir.
Sin embargo, el fallo precisa que, si bien el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad del empresario viedmense, postergó la aprobación definitiva del acuerdo hasta revisar el informe previo a la sentencia, el cual evalúa sus antecedentes y las circunstancias del caso.
Esquema de estafas y negociación con la fiscalía
Extraditado desde la Argentina tras años de disputas judiciales, Machado se había declarado inicialmente "no culpable" al arribar a Texas. Sin embargo, poco después modificó su estrategia para negociar un acuerdo encabezado por el abogado neoyorquino Alex Spiro.
En el marco de ese pacto, el empresario rionegrino admitió haber captado millones de dólares de inversores mediante la venta engañosa de aviones que no estaban disponibles para la comercialización o pertenecían a terceros. El esquema operaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing - controladas por Machado desde Florida - en combinación con una sociedad de Oklahoma City.

A cambio de declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico - delitos que contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno, además de hasta tres años de libertad supervisada, multas y decomiso de bienes -, la fiscalía federal retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde 2020. Esta última imputación contemplaba penas mínimas obligatorias de 10 años y mantiene detenida a una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin.
Las derivaciones en Argentina y la situación de Espert
El avance de la causa en Texas mantiene un fuerte impacto en la política nacional. La fiscalía norteamericana incorporó como prueba una transferencia de 200.000 dólares a favor de José Luis Espert - a quien Machado financió durante la campaña presidencial de 2019 - realizada a través del Bank of America y vinculada a la aeronave matrícula N28FM, utilizada por el viedmense en sus viajes al país. Dicha operación es investigada en la Argentina por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en la que Espert se encuentra imputado por lavado de dinero.
Ante la Justicia, el economista sostuvo que ese pago correspondió a una consultoría para el desarrollo de un proyecto minero en Guatemala bajo un contrato de un millón de dólares que finalmente no se concretó por la pandemia de Covid-19, por lo que solo habría cobrado una cuota.
En el marco de ese expediente, Espert se presentó ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez. Durante la audiencia, el dirigente se negó a declarar, pero presentó un escrito con correos electrónicos destinados a probar que la relación contractual con el empresario rionegrino fue real. Tras revelarse los detalles del financiamiento provisto por Machado, el exdiputado bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

Computo de la pena y prisión domiciliaria en Viedma
Resta ahora saber qué condena impondrá la Justicia estadounidense. Por la conspiración para lavar activos y el fraude electrónico, la escala penal asciende hasta los 20 años de cárcel.
De cara a la sentencia, el equipo de abogados de Machado apuesta a que el tribunal estadounidense compute dentro de la pena el tiempo que pasó en una cárcel privada de Oklahoma, así como también los cuatro años de prisión domiciliaria que el empresario cumplió en las afueras de Viedma luego de ser detenido en Bariloche en abril de 2021.
Con la imputación homologada, el juez Mazzant deberá resolver cuántos años de prisión le impondrá al financista originario de la capital rionegrina y si reconocerá los periodos de detención previos.