ESCÁNDALO
Denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito
El escenario político argentino se ha visto sacudido por una inesperada denuncia penal interpuesta por diputados miembros del bloque La Libertad Avanza contra la exdiputada de su propia bancada, Marcela Pagano. La controversia gira en torno a acusaciones de enriquecimiento ilícito, señalando una serie de presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Pagano, que podrían haber comenzado a manifestarse tras el inicio de su mandato el 10 de diciembre de 2023.
En el centro de esta tormenta legal se encuentra una situación particularmente llamativa: la presunta compra de una propiedad en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz, que no habría sido declarada como parte de su patrimonio. Esta misma transacción inmobiliaria fue previamente utilizada por Pagano en su rol de legisladora para implicar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un escándalo de corrupción que ha ido aumentando en intensidad con el paso de los días.
Dentro del pliego de cargos están incluidos también otras figuras legales severas, como la omisión maliciosa en declaración jurada y la administración fraudulenta, sugiriendo posibles actos que podrían haber afectado los recursos del erario público. La presentación judicial no solo dibuja un retrato de acusaciones graves, sino que también extiende un manto de dudas e incertidumbres sobre la administración de la función pública.
Detrás de esta acción legal se encuentran varios legisladores, incluyendo nombres como María Celeste Ponce, Carlos Zapata, y María Cecilia Ibáñez, quienes se unieron en un frente común apelando a que los procesos de investigación esclarezcan el caso y determinen si hubo conductas impropias por parte de su excompañera. Es importante recalcar que la denuncia fue presentada ante los Tribunales Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, un fuero conocido por abordar asuntos de corrupción referentes a funcionarios nacionales.
El abogado Hernán Emilio Seivane actúa como patrocinador legal de los diputados denunciantes, quienes en el documento judicial aluden a la necesidad de que todos los funcionarios públicos sean examinados con máxima rigurosidad en aras de establecer responsabilidades que atrajeran castigos ejemplares si fueran probadas culpables las infracciones. La Justicia federal tiene ahora en sus manos el mandato de decidir si persisten elementos suficientes para iniciar un procedimiento formal a partir de las acusaciones.
