POLÉMICA
El juez que suspendió la aplicación de la reforma laboral denunció presiones del Ejecutivo
La controversia en torno a la nueva reforma laboral continúa intensificándose, alimentada por decisiones que han estado en manos de la justicia y que predicen un arduo debate. Esta batalla jurídica amenaza con perdurar hasta que la Corte Suprema de Justicia decida intervenir como última instancia. Desde que el Magistrado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, decidió suspender la gran mayoría de esta reforma, las tensiones han aumentado considerablemente.
En marzo, el juez Ojeda accedió a una solicitud impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), suspendiendo, a través de una medida cautelar, 82 artículos de esta reforma aprobada por el Congreso bajo el liderazgo del gobierno de Javier Milei. Esta intervención legal detuvo momentáneamente gran parte de las nuevas normativas, a la espera de un fallo definitivo que aborde la cuestión de fondo.
Sin embargo, las incertidumbres no se despejaron ahí. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió rápidamente, en parte, la decisión de Ojeda. La Sala VIII, con los votos de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, suspendió temporalmente la cautelar, restableciendo la vigencia de esos artículos. Esta acción fue rápidamente respaldada por el gobierno de Milei, quien propuso extender la labor de Pesino, dándole continuidad en su cargo por encima de la edad estipulada por la Constitución.
Las tensiones políticas y sociales cobraron una nueva dimensión cuando Ojeda hizo pública su denuncia de haber sido objeto de presiones por parte del Ejecutivo. En declaraciones a un medio radial, Ojeda manifestaba que "hay algo pesado, mucho interés en juego", atribuyendo estas presiones a la relevancia y el impacto de las decisiones judiciales en juego.
El contexto se vio aún más empañado por la denuncia interpuesta contra Ojeda por el líder del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Juan Méndez. La acusación fue de abuso de autoridad por la suspensión, mediante cautelar, de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, a la que se le atribuyen implicaciones sobre múltiples contratos laborales.
Ojeda, que se defendió señalando su crema en el ámbito académico y su historia como asesor técnico del exministro de Trabajo, Carlos Tomada, reiteró su entereza frente a la adversidad, indicando que las críticas actuales enfocadas en su pasado laboral no cuentan con fundamento técnico sólido que cuestione sus métodos judiciales.
