Chubut ofrece una recompensa de $50 millones para identificar a los autores de los incendios
En la provincia de Chubut, una crisis ambiental sin precedentes se abate sobre la región cordillerana debido a varios focos de incendios que se han esparcido a lo largo de más de 2.000 hectáreas. Este devastador escenario ha movilizado a centenares de brigadistas y ha requerido recursos de todas partes del país, en un intento incesante por controlar las llamas y proteger tanto a los residentes locales como a los turistas.
El ambiente de emergencia vivido en la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces ha llevado a las autoridades a tomar medidas extremas y buscar respuestas urgentes. Ante la confirmación de que varios de estos incendios fueron provocados intencionalmente, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos a quien pueda proporcionar información que conduzca a la captura de los responsables.
Las acciones de las autoridades incluyen la concatenación de esfuerzos entre fuerzas provinciales y federales. "Este no es un simple delito – ha subrayado el gobernador Torres – al poner en peligro no solo la fauna y flora nativa, sino la vida de más de 3.000 personas presentes en la región, es un acto delictivo grave que merece atención y respuesta inmediatas".
Por otra parte, el Ministro del Interior, Diego Santilli, ha manifestado serias preocupaciones por la gravedad del asunto, indicando que es necesario ejecutar una política de tolerancia cero contra los autores de tales actos. La situación actual ha generado un despliegue masivo de recursos en Puerto Patriada, donde cerca de 300 personas, entre combatientes y personal de apoyo, junto al uso de maquinaria pesada y medios aéreos, están inmersos en un esfuerzo titánico para contener las llamas.
Adicionalmente, se ha desplegado un avión hidrante de gran porte, el más importante del país, con la finalidad de potenciar las labores de extinción ya iniciadas por seis aviones y un helicóptero en la zona afectada. Un esfuerzo que ha marcado la pauta para gestiones de asistencia financiera, como la suspensión de cobros a productores y prestadores turísticos locales, quienes han sido severamente afectados.
