Congreso: doce activistas de Greenpeace fueron detenidos por protestar contra la reforma de la Ley de Glaciares
En un nuevo episodio de tensión entre las políticas ambientales y económicas de Argentina, doce activistas de Greenpeace fueron detenidos en una manifestación frente al Congreso. La protesta, que buscaba detener la reforma de la Ley de Glaciares, culminó con la intervención de la Policía Federal, detenciones y un camarógrafo herido.
La manifestación fue desencadenada por la propuesta del oficialismo de modificar la ley vigente desde 2010, que prohíbe cualquier actividad extractiva en áreas de glaciares y ambientes periglaciales, considerados vitales reservas de agua dulce. El nuevo proyecto, promovido por el gobierno, mira hacia el desarrollo productivo de la minería y los hidrocarburos en ciertas provincias, preocupando a una serie de sectores por sus potenciales consecuencias ambientales.
Los activistas llamaban la atención al colocar inodoros en el frente del Palacio Legislativo, simbolizando su rechazo a lo que ven como una acción gubernamental inconsiderada hacia los recursos hídricos críticos de la nación. La lucha ahora también se desarrolla en el ámbito legislativo, donde el punto más controvertido del cambio propuesto permitiría actividades productivas en áreas de glaciares, siempre que no se consideren funcionalmente relevantes para el suministro de agua.

Las decisiones para definir estas áreas recaerían, bajo la nueva reforma, en las provincias mismas, las cuales establecerían qué zonas seguirían bajo las regulaciones existentes, un cambio de peso respecto al control nacional actual. Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace, destaca que recortar protecciones para estos congéneres está en cabeza de la crisis climática y amenaza el acceso al agua.
Simultáneamente, el gobierno propone el cambio como necesario y asegura que el ajuste promoverá el crecimiento económico en regiones que dependen fuertemente de los proyectos mineros y de hidrocarburos. Mientras tanto, la contrapropuesta de Eduardo Valdés intenta reforzar las protecciones actuales, catalogando a los glaciares como un bien de interés nacional y forzando un escrutinio científico continuo.