Política
Un legislador de Roca impulsa que los padres sean responsables por el acoso escolar y el ciberacoso
Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone crear un régimen integral de prevención y abordaje del acoso escolar y el ciberacoso en todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados. La iniciativa fue presentada por el bloque PRO – Unión Republicana.
El proyecto, impulsado por María Laura Frei y Juan Martín, apunta a proteger la integridad física, psicológica, social y moral de niños, niñas y adolescentes, y busca promover una cultura de convivencia basada en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos dentro del ámbito escolar.
En los fundamentos, los autores remarcan la urgencia de una respuesta legislativa ante el crecimiento sostenido de la violencia en las escuelas. En ese sentido, citan datos de la evaluación Aprender 2024 sobre Clima Escolar en Secundaria en Río Negro, que revelan que el 32,6% de los estudiantes afirmó haber sufrido agresiones físicas o verbales durante el último año. La cifra representa un aumento respecto del 29,3% registrado en 2022 y da cuenta de una persistencia de conductas agresivas tras la pandemia.
El relevamiento también expone el avance del ciberacoso como un canal de conflicto cada vez más presente entre adolescentes. Según el informe, el 23,1% de los estudiantes rionegrinos manifestó haber sido víctima de agresiones, burlas o mensajes molestos a través de redes sociales, una problemática que trasciende el ámbito escolar y se prolonga fuera de la escuela.
Desde el bloque impulsor sostienen que el acoso escolar ya no puede ser interpretado como un simple “conflicto entre pares”, sino como una vulneración de derechos humanos fundamentales. En ese marco, explican que el cierre prolongado de las escuelas durante 2020 y 2021 tuvo un fuerte impacto en los vínculos interpersonales y en la regulación socioemocional de niños y adolescentes. Al retomarse la presencialidad plena en 2022, se observó un incremento de la agresividad y del ciberacoso, asociado a la falta de práctica en la gestión de conflictos cara a cara.
Con este diagnóstico, el proyecto propone un cambio de enfoque en la política pública provincial, pasando de una etapa de “recuperación de vínculos” a una de “intervención en habilidades socioemocionales específicas”. Para ello, se plantea la creación del Consejo Provincial de Convivencia y Prevención del Acoso Escolar, un órgano consultivo e interinstitucional encargado de elaborar lineamientos, coordinar acciones y evaluar resultados. Además, cada establecimiento educativo deberá designar un referente de convivencia escolar.
La iniciativa también establece la obligación de implementar protocolos institucionales en las escuelas, que incluyan canales de denuncia confidenciales, comunicación inmediata con las familias, intervención interdisciplinaria y acciones restaurativas. El incumplimiento injustificado de estos procedimientos será considerado una falta institucional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de la responsabilidad parental como un deber público y social. En ese sentido, se propone que los padres o tutores de los menores que ejerzan acoso escolar o ciberacoso puedan ser considerados responsables por omisión de los deberes de cuidado, orientación y vigilancia, siempre que exista una conducta deliberada o negligente frente a hechos previamente informados por la institución educativa.
Las sanciones previstas tienen un carácter educativo y restaurativo, y no punitivo. Entre ellas se contemplan multas equivalentes a entre 25 y 50 veces el valor mínimo de una sesión individual de psicoterapia, trabajos comunitarios de hasta 30 días y la obligación de asistir a talleres de parentalidad o a instancias de terapia familiar en casos graves o de reincidencia.
El proyecto incorpora estas figuras de responsabilidad parental al Código Contravencional de Río Negro, en línea con tendencias legislativas ya adoptadas por provincias como Mendoza y Catamarca, que avanzaron en sanciones ante la omisión de los deberes de vigilancia.
Finalmente, la iniciativa busca evitar la judicialización de los conflictos escolares. Según se advierte en los fundamentos, ante la falta de herramientas educativas eficaces, los Juzgados de Paz de la provincia ya debieron intervenir en algunos casos, dictando medidas cautelares como restricciones de contacto o asistencia psicológica obligatoria. El objetivo es que estas situaciones puedan resolverse, en primera instancia, dentro del ámbito educativo, con acompañamiento institucional y familiar.
