Uruguay debate en el Senado la Ley de Eutanasia: sería el primer país en Sudamérica en legalizarla
Uruguay se encuentra en una encrucijada histórica al considerar la despenalización de la eutanasia, un tema que ha capturado la atención tanto nacional como internacionalmente. Este hito, conocido como la "ley de Muerte digna", se discute actualmente en el Senado tras haber sido aprobado en una sesión extensa por la Cámara de Diputados en agosto.
La disposición cuenta con el respaldo del Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara alta y ha sido un ferviente promotor de este cambio legal. No obstante, el tema ha generado divisiones no solo en la población, sino también dentro de los propios partidos políticos. En el Partido Nacional y el Partido Colorado existen opiniones encontradas, aunque algunos miembros destacados, como la senadora blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda, ya han manifestado su apoyo al proyecto de ley.
La situación es particularmente intensa para algunos senadores, como Robert Silva del Partido Colorado, quien cedió su escaño temporalmente para permitir que Ope Pasquet, un ferviente defensor de la medida, participe en el voto. Silva resaltó la carga emocional que conlleva esta decisión, señalando que Pasquet merece ser parte de este momento histórico tras años de lucha legislativa.
Las gradas del Palacio Legislativo son testigos de la expectación, con la presencia de figuras como Beatriz Gelós, una docente que vive con esclerosis lateral amiotrófica y que ha abogado conmovida por la aprobación, calificando a la ley como un acto de compasión y humanidad.
Al aprobarse, Uruguay se sumaría a Canadá, Colombia, Países Bajos, Nueva Zelanda y España, países que ya permiten la eutanasia. En Colombia, por ejemplo, desde 1997 la eutanasia fue despenalizada, siendo la primera permitida cinco años adelante. En 2023, unas 270 personas optaron por la misma vía de manera legal, consecuencia de la flexibilidad del marco legal que ahora incluye enfermedades graves, aun no terminales.
Este contexto internacional refleja la evolución y aceptación social de dichas políticas. Por un lado, organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA han sido partidarias del proyecto, destacando que permite morir de manera digna. Por otro lado, existen grupos, como Prudencia Uruguay, que se oponen férreamente.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Consultora Cifra, el 62% de la población uruguaya está a favor de la ley, lo que evidencia un cambio cultural hacia la aceptación de decisiones autónomas sobre el final de la vida.
Dentro del espectro profesional, el Colegio Médico se mantiene neutro pero activo para asegurar consensos y estándares médicos rigurosos en su aplicación. La oposición no solo proviene de esferas religiosas, como la iglesia Católica, sino de otras entidades que plantean cuestionamientos sobre la ejecución y las garantías jurídicas del proyecto.
Regido por estrictas condiciones, el proyecto asegura que solo personas adultas, con pleno uso de sus facultades mentales y que afronten sufrimientos intolerables derivados de enfermedades graves e irreversibles, puedan optar por la eutanasia, con un proceso claro y cuidadoso en cada etapa. Este representa un gran debate ético y social, marcando un antes y después en la regulación sobre derechos individuales en Uruguay.
