Finalmente fue promulgada la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero queda en suspenso su aplicación
En un contexto de tensiones políticas y debates encendidos en el Congreso, el Gobierno de Argentina, a pesar de la insistencia del Poder Legislativo, ha decidido suspender la ejecución de la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida fue oficializada con la promulgación del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial de este lunes.
El nudo del problema radica en la falta de especificación de las fuentes de financiamiento para la implementación de la ley, lo que llevó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a anunciar que la aplicación de la normativa queda en suspenso hasta que el Congreso determine cómo se sufragarán los costos que se derivarán de las prestaciones contempladas.
La puesta en marcha de la nueva legislación requeriría un desembolso significativo de recursos fiscales. Las proyecciones hechas por el Gobierno estiman un gasto de $2.166.985.900.000 para el año 2025, lo que equivale al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país, cifra que se incrementaría a $4.706.628.500.000 para 2026, elevando el impacto al 0,47 % del PBI.
Adicionalmente, el "Programa Incluir Salud", que brinda cobertura médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, traería aparejado un gasto adicional en 2025 de $574.200.000.000, lo que representa un 0,07 % del PBI, y de $1.239.266.000.000 para 2026, correspondiente al 0,12 % del PBI. Sumado a esto, la compensación económica para prestadores de servicios sería de $278.323.000.000, igual al 0,03 % del PBI.
En total, dichos desembolsos implicarían requerir un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, casi un 0,35 % del PBI, lo que lleva al Ejecutivo a aplazar la aplicación de la ley hasta que el Congreso precise cómo financiarla, conforme al artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que la ley que autoriza gastos no contemplados en el presupuesto especifica las fuentes para su financiamiento.
El antecedente del debate se encuentra en el anterior veto del Poder Ejecutivo, que a través del Decreto N° 534/25 había frenado la ley, subrayando la necesidad de un diseño financiero viable y sostenible dados sus costos fiscales. No obstante, la decisión fue desafiada por un veto superado en el Congreso mediante una mayoría especial, lo que impuso al Gobierno una promulgación obligada bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La ejecución efectiva de esta legislación, mientras no se aseguren fondos previstos, amenaza la estabilidad fiscal y podría potencialmente desatender otras obligaciones financieras del Estado, un riesgo que llevó al Gobierno a esclarecer el contexto económico y político de su promulgación condicionada, abriendo un capítulo nuevo en la Administración Nacional que espera por soluciones desde el Congreso.
