Estafas con viviendas: cómo era el accionar de la banda que operaba a escala regional
Una banda que se organizó para realizar estafas a gran escala con la supuesta construcción de viviendas y la venta de terrenos, quedó apuntada por la justicia que avanzó en la determinación de las responsabilidades. El responsable de la asociación ilícita quedó detenido con prisión preventiva por ocho meses, mientras que los otros tres integrantes deben presentarse ante la comisaría más cercana en forma semanal y tienen prohibido salir del país.
En este momento hay dos causas que se tramitan en paralelo en los juzgados penales de Cipolletti. Por un lado, está el tema de la venta de terrenos que ya no eran propiedad de la sociedad, pero que igualmente seguían cobrando las cuotas. Con esa maniobra resultaron perjudicadas ocho familias.
Por otro lado, la estafa con la supuesta construcción de viviendas “llave en mano” que no pasaban de la etapa de presentación. Este legajo tiene a nueve familias damnificadas. La maniobra era simple: “montaban una oficina en el centro, con una buena publicidad, se comprometían a edificar una vivienda modelo, recibían los adelantos y nunca avanzaban”, comentó el abogado que representa a las víctimas, Michel Rischmann.
El responsable de las maniobras y principal imputado en ambas causas es Guillermo Díaz, quien se encargaba de realizar todas las operaciones. Sobre él recayó la prisión preventiva por ocho meses, ya que la jueza de Garantías entendió que se daban las dos situaciones previstas en el Código: riesgo de entorpecimiento de la causa, mediante la intimidación de testigos o de víctimas; y riesgo de fuga.
El resto de los involucrados son la esposa de Díaz, Valeria Soledad Poblete; y el abogado Juan Montero Etchemaite. Poblete y Montero figuran como los socios responsables de la sociedad conocida como “Les Bleus”, con domicilio en la calle Yrigoyen casi Sarmiento de Cipolletti. También está involucrada la hija del matrimonio, que está radicada en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.
“Les Bleus” se escudaba después en una firma comercial denominada “AGE Desarrollos”, que era la que supuestamente se encargaría de la construcción y desarrollo comprometido. Esta firma tenía domicilio en la calle General Paz al 1.000.
Algunos de los damnificados por la supuesta construcción de viviendas entregaron hasta 88.000 dólares y 400.000 pesos (a valores de 2023).
Las sospechas por las demoras fueron convirtiéndose en certezas ante los retrasos y las contradicciones de la firma. “En la causa de los loteos, Díaz llegó a comunicarse telefónicamente con una de las damnificadas y la amenazó para que no continuará con la denuncia”, precisó Rischmann.
Esa maniobra se evidenció en un loteo que estaban realizando sobre la calle Rimmele, a metros de San Luis: “la compra se les había caído, porque nunca completaron los pagos; pero igual seguían vendiendo y cobrando los terrenos a otras personas”, explicó el querellante.
