Patricia Bullrich fue denunciada por abuso de autoridad tras su pedido de allanamientos a periodistas
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha sido acusada formalmente de abuso de autoridad en un caso que ha levantado olas dentro del escarpado mundo político argentino. La querella que se ha presentado en su contra señala que Bullrich habría incurrido en un ejercicio indebido de su poder al solicitar allanamientos en domicilios y oficinas de periodistas y medios, una acción que algunos advierten podría poner en peligro la libertad de prensa en el país.
El incidente que ha desencadenado este proceso judicial involucra a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de a los estudios de Carnaval Stream, una plataforma conocida por su producción de contenido digital. Ellos han sido señalados en una presentación realizada por el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien reclamó un allanamiento forense en las oficinas de Carnaval Stream para incautar equipos y transferir datos confidenciales como parte de una investigación sobre la supuesta violación de la Ley de Inteligencia.
Según Gregorio Dalbón, el abogado que ha puesto en marcha la denuncia contra la ministra Bullrich, estas acciones representan una amenaza directa a la libertad de prensa. Dalbón señaló que el objetivo del Gobierno Nacional, a través de estas tácticas, parece ser silenciar las voces críticas mediante actos de intimidación que se ven manifiestamente reflejados en el pedido de incautación de servidores y otros dispositivos electrónicos vitales para la operación de estos medios.
Estas acusaciones giran en torno a una supuesta "operación ilícita" cuyas intrincadas aristas aún no han sido del todo exploradas públicamente. Bullrich, como parte de esta ofensiva judicial, no solo habría solicitado allanamientos, sino también, según indican los documentos judiciales, impuso restricciones estrictas sobre la difusión de ciertos materiales comprometidos obtenidos presuntamente de forma ilícita. Esta medida, sostienen los críticos, busca neladamente instaurar lo que la Constitución rechaza enérgicamente: un ambiente propicio para la censura previa.
Dalbón, en su planteamiento judicial, reclama asimismo que Patricia Bullrich sea citada para prestar declaración indagatoria sobre estas conductas que salen del marco normativo permitido y que según sus cálculos, configuran un "paradigma del abuso de poder". Las declaraciones emitidas desde su despacho quieren puntualizar una advertencia clara hacia el uso desmedido del brazo legal como una herramienta para coaccionar y restringir los derechos constitucionales de los periodistas argentinos, un asunto que despierta el temor latente de muchos respecto al futuro inmediato de la prensa en el país.
