Causa por coimas en la ANDIS: la Justicia le prohibió salir del país a Diego Spagnuolo
La justicia argentina ha intensificado su accionar en el resonante caso de presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ayer, el juez federal Sebastián Casanello dictaminó la prohibición de salida del país para Diego Spagnuolo, quien fue el director de la ANDIS. Tal medida recae no solo sobre él, sino también sobre otros ex encargados gubernamentales y empresarios implicados en el caso.
La resolución fue adoptada tras un procedimiento realizado en una vivienda de Pilar, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, una máquina de contar billetes y dinero en efectivo.
El encuentro fortuito de estos elementos ha reafirmado las sospechas sobre las transacciones ilegales que supuestamente mancharían las manos de aquellos mencionados en el expediente.
En el centro de esta maraña legal se encuentran individuos notables dentro del empresario Kovalipker y ejecutivos asociados a la droguería Suizo-Argentina. Estos individuos han sido puestos bajo una fuerte supervisión, ya que se sospecha que jugaron un papel preponderante en lo que podría descubrirse como una red amplia de sobornos. La decisión de retener sus pasaportes subraya la gravedad de las acusaciones.
Con el expediente bajo estricto secreto de sumario, el público permanece con ansias por conocer los pormenores de las pruebas recolectadas. Entre las pruebas se cuentan documentos y grabaciones de audio que contienen referencias a porcentajes de coimas y la tan temida distribución del dinero ilícito entre los participantes. Hasta ahora ninguno de los involucrados fue detenido, aunque están meridianamente bajo supervisión legal.
Se espera que en los días venideros, el juez Casanello imparta nuevos mandatos que podrían incluir la exhaustiva examinación de los documentos retenidos y los dispositivos electrónicos. El objetivo principal de dichas acciones se centra en dilucidar la ruta de los pagos y esclarecer el rol concreto que cada participante desempeñó dentro de esta presunta trama criminal de recaudación no regulada en la Agencia Nacional de Discapacidad.
