¿Hubo un intruso en el municipio de Allen?
La denuncia que desató una investigación Judicial contra el intendente Marcelo Román, y su “asesor” Sebastián Ocampo, tuvo su origen en la declaración testimonial de la exsecretaria de Hacienda municipal, Graciela Morel, quien explicó a los funcionarios del Poder Judicial que Ocampo, un empresario de medios local, tomaba decisiones propias del Ejecutivo sin haber sido designado legalmente.
“Es como si una persona se mete en tu casa y actúa con total libertad, hasta que alguien pregunta ‘¿quién es?'”, detalló en una entrevista con la radio La Carretera, el concejal oficialista Gustavo Addamo.
El concejal reconoció que era evidente cierta tensión dentro del Ejecutivo y que circularon distintas versiones sobre el rol de Ocampo. Manifestó que “hubo que tener valentía para denunciar esto. No es fácil enfrentar un poder constituido, menos en una ciudad chica como Allen”, destacó. También valoró el accionar del Tribunal de Cuentas, que tomó intervención tras el “quiebre emocional” de Morel.
El edil dijo, que la situación que se desató luego de los allanamientos efectuados por la policía en propiedades de Ocampo, como “bochornosa y sumamente peligrosa” y aseguró que el Concejo Deliberante ya recibió formalmente el expediente del Tribunal de Cuentas, que impulsa la investigación.
Cuestionó la falta de información precisa sobre los gastos en la Fiesta Nacional de la Pera, y aunque no está confirmado si forma parte de la investigación judicial, Addamo si dijo que “llamativamente, las fiestas concentran una gran parte del gasto público” y adelantó que se pedirán informes sobre contrataciones y facturaciones, en especial aquellas ligadas al empresario investigado.
La causa es supervisada con singular celo, por la Fiscal Jefe, Graciela Echegaray, quien investiga al intendente de Allen, Marcelo Román, y al empresario Ocampo. Se inició por la denuncia que presentaron miembros del Tribunal de Cuentas a fines de junio pasado, y de manera preliminar, los hechos se encuadraron en el artículo N°261 del Código Penal, que pena el delito de peculado. Esta figura se aplica “cuando un funcionario público se apropia, sustrae o utiliza indebidamente bienes, fondos o caudales que le han sido confiados por razón de su cargo. Este delito afecta el patrimonio del Estado y puede ser considerado un acto de corrupción”.
Román estaría siendo investigado como autor, mientras que Ocampo como partícipe necesario, pero además en el caso del “asesor”, se intenta determinar si ejerció funciones públicas, “sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”, delito contemplado en el artículo N° 246, inciso 1, del Código Penal, el cual se refiere al delito de usurpación de autoridad, títulos u honores, y establece una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para quien asuma o ejerza funciones públicas sin tener el título o nombramiento expedido por autoridad competente.
Vale recordar que la semana pasada la Policía allanó la radio FM Terapia (98.7), propiedad de Ocampo, su vivienda en calle Mariani y su vehículo personal. Trascendió que hubo secuestro de celulares, computadoras y documentación, a lo que se habrían sumado más de 100 escuchas telefónicas.
