El Gobierno pagará una indemnización de US$11.000 al múltiple homicida “Concheto” Álvarez
El Gobierno argentino ha dispuesto el pago de una indemnización a Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicho organismo condenó al Estado argentino por la violación de garantías judiciales durante uno de los juicios llevados a cabo contra Álvarez. Según el decreto 577/2025, divulgado recientemente en el Boletín Oficial, la suma a abonar alcanza los US$11.000, englobando tanto el daño material como el inmaterial.
La sentencia de la CIDH, que es definitiva e inapelable, llegó a manos de las autoridades argentinas el 7 de noviembre de 2023. Conocido como “El Concheto” Álvarez, este individuo ganó notoriedad en los años noventa como líder de la temida “banda de los chicos bien”, un grupo delictivo que operaba sobre todo en locales frecuentados por empresarios de alto perfil y personalidades del espectáculo, donde cometían violentos asaltos.
Uno de los episodios más oscuros de su carrera criminal ocurrió en julio de 1996, cuando Álvarez asesinó al empresario Bernardo Loitegui, durante un intento de robo de un Mercedes Benz. Poco después, encabezó un violento asalto en un pub conocido como Company, resultando en la trágica muerte de un oficial de policía, Fernando Aguirre, y de la joven estudiante María Andrea Carballido. La brutalidad de estos crímenes dejó marcadas profundas cicatrices en la sociedad de aquel entonces.
La intervención de la CIDH expone significativas irregularidades procesales, destacando entre ellas, la vulneración de la presunción de inocencia y la falta de recursos efectivos para que Álvarez pudiera preparar su defensa de manera adecuada. Una de las fallas cruciales en el proceso fue la decisión del tribunal de mantener al acusado esposado durante las audiencias, además de la improvisada designación de una defensora pública que ya estaba asignada a otro imputado, lo que marcó un claro conflicto de intereses.
Siguiendo la orden de ajuste internacional, la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional decretó la nulidad del juicio oral de 1998. Esto representa un giro inesperado en el sistema judicial, que procederá a llevar a cabo un nuevo proceso para los homicidios de Aguirre y Carballido. La ausencia de una condena final de por vida permite que Álvarez quede con otras condenas firmes por diferentes delitos cometidos, inclusive uno por el asesinato de Loitegui en 1996 y otro por el homicidio de un recluso dentro de la cárcel de Caseros en 1997.
Desde la publicación del decreto 577/2025, la medida firmada por el presidente Javier Milei y otras altas autoridades ha establecido que la indemnización será cubierta por los fondos del Tesoro Nacional. Este caso se ha convertido en un punto de debate sobre el respeto a las garantías judiciales y la intervención de organismos internacionales en los asuntos internos de justicia. Sólo el tiempo mostrará cómo esta resolución afectará a los parámetros judiciales y administrativos del país.