Tras el operativo judicial el intendente negó que se haya tratado de un allanamiento
El intendente de Allen, Marcelo Román, rompió el silencio este martes luego del procedimiento judicial que se realizó en el edificio municipal y que generó una fuerte repercusión . A través de una transmisión en vivo por redes sociales, el jefe comunal aclaró que “no se trató de un allanamiento”, sino de un requerimiento formal de la Fiscalía para ampliar la documentación en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades administrativas.
Según explicó Román, la documentación solicitada ya había sido puesta a disposición de la justicia días atrás. “Todo se dio con total normalidad e institucionalidad. No hay ninguna situación fuera de control”, afirmó. Además, indicó que su gestión tomó la iniciativa de iniciar sumarios internos “para garantizar la transparencia”, y que seguirán colaborando con la investigación.
El intendente también cuestionó y dijo que según el “algunos sectores están intentando sembrar confusión y generar temor”, y ratificó su compromiso con “la legalidad, la verdad y el bienestar de la comunidad allense”.
El operativo de este lunes no fue un hecho aislado. La semana pasada, la fiscalía ya había iniciado una serie de actuaciones en el municipio a partir de una denuncia que involucra supuestas maniobras administrativas irregulares. Fuentes judiciales confirmaron que la investigación continúa en curso y que no hay personas imputadas hasta el momento.
El antecedente
El intendente de Allen, Marcelo Román, y el empresario de medios de esa ciudad, Sebastián Ocampo, quedaron en el centro de una denuncia penal presentada por el Tribunal de Cuentas de la vecina ciudad. Según el escrito, Ocampo habría estado cumpliendo funciones dentro del municipio sin ningún nombramiento formal y, además, habría usado un celular oficial que le entregó el propio jefe comunal.
La denuncia fue presentada a fines de junio y se basa en una ordenanza que permite al Tribunal acudir a la Justicia cuando detecta posibles delitos en la administración pública. El caso ya está en manos de la fiscal María Celeste Benatti, de la Fiscalía N°4 de General Roca, que ordenó abrir una investigación preliminar.
De acuerdo a lo que se detalla en el expediente, entre fines de 2023 y abril de este año, Román le habría dado a Ocampo un teléfono celular perteneciente al municipio. El problema es que Ocampo no tiene ningún vínculo formal con la Municipalidad: no es empleado, no está contratado y tampoco fue designado por decreto. Sin embargo, habría estado actuando como si fuera funcionario.