El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Intercargo
El gobierno argentino ha decidido avanzar con la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa y transporte de pasajeros en 21 aeropuertos a lo largo del país. Este movimiento fue anunciado oficialmente mediante la Resolución 1067/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución, que se hizo pública a través del Boletín Oficial, anuncia la venta completa del paquete accionario de la empresa, siguiendo el Decreto 198/2025 del presidente Javier Milei, y operará bajo una licitación pública tanto nacional como internacional.
Este anuncio no sorprende, ya que el sector afronta cambios estructurales y presiones fiscales que impulsan al Gobierno a reducir su participación directa en varias áreas. El plazo dado para completar la privatización es de ocho meses desde la activación de la resolución, sin otorgamiento de preferencias ni implementaciones de un Programa de Propiedad Participada. Este tipo de medidas, como se ha visto en otras privatizaciones, pretende atraer inversores más diversos, brindando igualdad de oportunidades a nivel internacional.
La venta de Intercargo está encabezada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, encargada de gestionar tanto la actualización del inventario de bienes de la compañía, como la finalización del contrato de concesión actual del servicio de atención en tierra a aeronaves. Este contrato data del año 1990, y su cese se gestiona en mutuo acuerdo para facilitar el proceso de transición a privados.
Particularmente notable ha sido el rol de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien supervisará la licitación pública con alcance internacional, marcando como clave la contratación de un banco público nacional para tasar el capital accionario. Este proceso se enfrenta a ciertas limitaciones, dado que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no puede llevar a cabo la valuación total de la empresa, aunque sí ha cumplido con evaluar todos los bienes tangibles.
La privatización de Intercargo busca aliviar las arcas del Estado, destacando que entre 2020 y 2023 la presencia de la empresa en el planeta aéreo nacional dependía de aproximadamente $6.700.000.000 de asistencia financiera estatal para mantener las operaciones y cumplir con el nivel de calidad demandado. En el camino hacia el reordenamiento fiscal, esta privatización significa un paso importante para el actual gobierno en su apuesta de reducir tanto la influencia del Estado en el mercado como el déficit fiscal, acorde a lo estipulado en la ley de bases de libertad de los argentinos.