Río Negro presentó un amparo contra el Estado Nacional por el deplorable estado de la Ruta 151
El Gobierno de Río Negro, junto con la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales, presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional 151.
La presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que usan la ruta a diario. Según el escrito, la falta de mantenimiento no solo eleva el riesgo de accidentes, sino que afecta gravemente los servicios esenciales, la actividad productiva y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando once días de plazo para responder. En cuanto a la medida cautelar solicitada, fijó cinco días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El reclamo pide al tribunal declarar la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento y ordenar la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes, como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes. Además, solicita un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
El amparo detalla impactos concretos en la vida cotidiana: más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 deben circular por ese tramo; más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas dependen de su transitabilidad diaria. Además, el mal estado perjudica sectores clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, señalando que, aunque por ley el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos recursos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en estado calamitoso.
Entre las normas invocadas figuran artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley de Amparo (16.986), la Ley de Tránsito (24.449) y jurisprudencia relevante.
El Gobierno provincial destacó que esta demanda representa un paso firme para defender los derechos de los habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. Además, advierte que podría convertirse en un precedente judicial para que otras provincias reclamen obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central.