2025-06-30

Condenaron al exintendente de Fernández Oro: 3 años de prisión en suspenso y sin posibilidad de volver a ejercer

La Justicia lo encontró culpable de administración fraudulenta y uso de documento falso en la gestión de un programa habitacional.

El exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de delitos contra la administración pública. La sentencia surge de la unificación de dos condenas, una dictada en 2019 y otra reciente, ambas vinculadas a irregularidades en la ejecución de un plan nacional de viviendas.

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El caso está relacionado con el programa habitacional ACU994, implementado entre 2014 y 2015 en Fernández Oro, que preveía la construcción de doce viviendas en seis meses. La obra era financiada por el Estado nacional, en etapas sujetas a certificaciones técnicas. Sin embargo, durante el juicio se probó que solo se construyeron seis unidades completas o parciales, a pesar de que se declaró un avance del 75%, lo que permitió destrabar el último desembolso de dinero.

Lo que derivó en la condena fue el uso de una declaración jurada adulterada, firmada por Reggioni en agosto de 2015, donde se afirmaba falsamente que las obras estaban casi listas. Lo llamativo es que el documento fue presentado sin la firma del maestro mayor de obras, que sí había intervenido en las certificaciones anteriores. Esa omisión técnica, junto con el avance irreal declarado, fue el eje de la maniobra analizada por el tribunal.

El fallo aclaró que no se pudo probar que Reggioni se hubiera apropiado personalmente del dinero, ni que haya sido responsable directo del uso del cuarto desembolso, ya que se ejecutó en la gestión municipal siguiente. Sin embargo, se consideró su responsabilidad penal por falsear información pública que permitió la llegada de fondos nacionales.

Por otra parte, el tribunal ordenó que se investigue el posible falso testimonio de Mariano Lavín, en su rol durante la finalización del plan de viviendas, al detectar inconsistencias en su declaración judicial. El caso podría derivar en nuevas imputaciones.

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