JUDICIALES
Caso Joaquín Sperani: La Justicia declaró al Gobierno de Córdoba como responsable del asesinato del joven
La Justicia, en un fallo sin precedentes, encontró al Gobierno de Córdoba responsable del trágico asesinato del joven Joaquín Sperani, un caso que conmocionó a toda la comunidad de Laboulaye. La sentencia surge tras evaluar las circunstancias alrededor del homicidio del joven de 14 años, quien perdió la vida en manos de un compañero de escuela el 29 de junio de 2023. El escenario del crimen: una casa abandonada, a donde los adolescentes se dirigieron tras las clases.
La decisión judicial, emitida por el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata el pasado 6 de febrero de 2025, establece que el Gobierno de Córdoba deberá compensar a los padres de Joaquín con una suma millonaria que asciende a 595,170,467.18 pesos, más los intereses acumulados y los gastos judiciales que correspondan. Este fallo señala hacia las deficiencias en el control y la seguridad dentro del IPEM N° 278 'Malvinas Argentinas', institución donde estudiaba Joaquín.
De acuerdo con la sentencia, la institución escolar falló en su deber de garantizar la seguridad de los estudiantes, hecho que cobra peso al considerar que no se realizó un adecuado seguimiento de la asistencia escolar. El Ministerio de Educación, señalado por no haber proporcionado la tutela adecuada a Joaquín, es ahora foco de intensas críticas y está llamado a revisar sus procedimientos de vigilancia y control escolar rigurosamente.
El resultado del proceso judicial resalta que el colegio no actuó con la debida diligencia. Pasadas las horas de clase, no se advirtió la ausencia de los estudiantes, permitiéndoles salir sin supervisión adecuada. La tardía notificación a la familia sobre la bicicleta del joven víctima, estacionada fuera de la escuela hasta la noche, subraya la gravedad de la negligencia escolar.
El juez Sabaini Zapata, en su dictamen, ha remarcado que la responsabilidad recae en el ámbito estatal por su rol en la supervisión escolar. En contraste, la Justicia ha eximido a la familia del agresor de cualquier responsabilidad directa en el incidente, dado que la custodia del joven durante las horas académicas recae institucionalmente en el colegio. El impacto de esta resolución lleva a repensar políticas educativas y de seguridad escolar para evitar la repetición de tragedias semejantes.