Revocatoria en Allen: consiguieron las firmas necesarias para que el mandato del intendente se defina en un referéndum

El futuro político e institucional de Allen sumó un capítulo decisivo. La campaña de recolección de firmas impulsada para revocar el mandato del intendente libertario Marcelo Román, alcanzó este miércoles el objetivo necesario, habilitando formalmente el llamado a un referéndum popular donde la ciudadanía tendrá la última palabra.

El proceso, que comenzó oficialmente el pasado 10 de septiembre con la apertura de cinco libros dispuestos por el Concejo Deliberante, logró reunir y superar las 4.579 adhesiones, cifra que representa el 20% del padrón electoral 2023, requisito imprescindible fijado por la normativa local.

El éxito de esta instancia no significa la destitución automática del jefe comunal. Con el piso mínimo de firmas ya garantizado, el próximo paso institucional es que el Concejo Deliberante local formalice el avance del trámite y fije la fecha para la convocatoria a la consulta popular.

Llegado ese momento, todos los electores que figuren en el padrón deberán responder de manera obligatoria en las urnas si desean que Marcelo Román continúe al frente del Ejecutivo Municipal o si, por el contrario, debe dejar su cargo.

A pesar de haber logrado el mínimo indispensable, los organizadores de la revocatoria invitan a los vecinos a seguir sumando sus firmas. En declaraciones brindadas al portal regional Inforo, señalaron que están "esperando los últimos recuentos de firmas para no errar" y destacaron que es "muy importante destacar que hay que seguir firmando y juntar la mayor cantidad de firmas posibles". El cronograma estipula que los libros continuarán disponibles en los lugares donde ya están ubicados, hasta este viernes 9 de octubre inclusive.

Silvina Cantero, la vecina jubilada que inició formalmente este expediente, insistió en que "la revocatoria no es de carácter personal hacia Marcelo Román, sino contra su gestión".

Román: resistencia mediática y frente judicial

La recolección de firmas avanzó a paso firme mientras el intendente intentaba frenar el proceso, primero mediante presentaciones legales y luego, tras ser desestimadas, desacreditando la iniciativa en los medios. En recientes entrevistas, Román cuestionó la legitimidad del proceso, y pese a que el procurador general consideró incorrecta la vía judicial que utilizó para frenarlo, ratificó su intención de mantener el reclamo en los estrados.

Este no es el único frente abierto para el mandatario. El clima político en la ciudad se vio fuertemente atravesado por el avance de la causa judicial que investiga a Román por el presunto delito de peculado.

El abogado Santiago Güenumil, querellante en representación del Tribunal de Cuentas municipal, reveló recientemente detalles de la investigación que apuntan a la existencia de un entramado de decisiones tomadas al margen de la intendencia. "Existe en la intendencia un hombre que no es el Intendente, que tiene más autoridad que el intendente, más poder que el intendente y que ordena actos de gobierno", denunció el letrado, apuntando contra el empresario local Sebastián Ocampo, también imputado en la causa.

El caso, que se inició por el supuesto desvío y uso personal de un teléfono celular corporativo abonado con fondos municipales, derivó en acusaciones mucho más complejas. La trazabilidad de ese dispositivo arrojó que el aparato fue reseteado y desapareció, pero el cruce de antenas indicó que realizó viajes a Santa Fe y Las Grutas en paralelo a Ocampo. A partir de este dato, la Brigada de Investigaciones inspeccionó un complejo turístico en construcción en la costa, que, según las testimoniales recabadas, fue encargado por el propio Ocampo, aunque figura a nombre de su hermana. Además, la querella afirma tener pruebas de la alteración de concursos de precios para beneficiar a proveedores amigos y de traslados arbitrarios de personal por cuestiones políticas.

Todo este contexto se da pocos meses después de que Román fuera suspendido en sus funciones por el Concejo Deliberante, una medida que fue finalmente anulada por el Superior Tribunal de Justicia, permitiendo su regreso al Ejecutivo a fines de agosto. Ahora, su continuidad no dependerá de jueces ni de concejales, sino del voto directo de los vecinos de Allen.