Certificados médicos falsos: la Defensa Pública cuestionó la competencia territorial de Viedma

La acusación se opuso al planteo y solicitó que la causa continúe tramitándose en la Primera Circunscripción Judicial. El juez de Garantías anticipó que resolverá las excepciones procesales una vez finalizadas las audiencias previstas con las 119 personas imputadas.

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La discusión se desarrolló hoy en la primera de las audiencias en las que la Fiscalía pretendía formular cargos a una porción de los 119 acusados. La misma comenzó con diversas pretensiones de las partes, que serán resueltas por el Juez de Garantías interviniente una vez que se concluya con la totalidad de las presentaciones en este sentido. Las audiencias continuarán los días 24, 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre.

Durante la primera jornada, la Defensora Pública María Paz Alvarez cuestionó la competencia territorial, planteo al que adhirieron representantes de la defensa particular que participaron de manera virtual desde General Roca. Sostuvo que los hechos investigados no ocurrieron en Viedma ni en la Primera Circunscripción Judicial explicando que lo que la Fiscalía atribuye a cada persona imputada es haber presentado un certificado médico ante la repartición correspondiente para justificar inasistencias y percibir la totalidad del salario.

Dijo en relación a ello que los certificados se retiraban de un domicilio de General Roca que fue allanado durante la investigación y que, aunque no en todos los casos se precisó el lugar de presentación, su utilización se produjo en localidades del Alto Valle, principalmente General Roca y Cipolletti.

La Defensa señaló que tanto el presunto uso de documentos falsos como la defraudación se habrían consumado en esa región. Añadió que allí se encontraban el consultorio, la médica y la persona que habría gestionado los certificados, además de producirse la acreditación de los haberes. También sostuvo que la investigación, los allanamientos, la obtención de evidencia y la ubicación de testigos vinculan los hechos con el Alto Valle.

En relación con los bienes jurídicos protegidos, indicó que la fe pública no tiene arraigo territorial y que, para determinar la competencia respecto de la defraudación, no resulta decisiva la ubicación de la sede administrativa. Invocó además criterios de economía procesal que ya fueron objeto de precedente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alvarez advirtió que mantener la investigación en Viedma afectaría las garantías del juez natural y de defensa en juicio, debido a la distancia de más de 500 kilómetros y a la imposibilidad de los imputados de acceder a la Defensa Pública de la circunscripción de origen. A dichos argumentos adhirieron a su turno los dos abogados particulares que intervinieron por Zoom desde General Roca.

En tanto, la Fiscalía integrada por Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, sostuvo que la competencia de la magistratura se extiende a toda la provincia, aunque sus integrantes desarrollen prioritariamente sus funciones en la circunscripción para la que fueron designados. Destacó que más de 70 personas imputadas ya cuentan con defensa oficial de Viedma y que un cambio de competencia requeriría nuevas designaciones.

Asimismo, señaló que el perjuicio económico atribuido a los hechos recae sobre la administración provincial, cuya sede se encuentra en Viedma. Agregó que las personas investigadas tienen domicilios en distintas localidades y que, por sus funciones, pueden ser trasladadas, por lo que su residencia no determina la competencia territorial.

Respecto de la evidencia, la Fiscalía explicó que su procesamiento se desarrolló principalmente en Viedma, donde intervinieron la OITEL, el personal encargado de las pericias informáticas y profesionales contables del Ministerio Público. Indicó que únicamente resta una pericia caligráfica, que también puede realizarse en esta ciudad.

La acusación pública negó que exista una afectación al derecho de defensa y solicitó evitar demoras procesales en una investigación que se encuentra avanzada.

La Fiscalía de Estado constituida como querellante, adhirió a esa postura. Remarcó que la presunta defraudación estaba dirigida contra el Estado provincial, con sede en Viedma, y que declarar la incompetencia afectaría la economía procesal.

Finalmente, el juez de Garantías Adrián Dvorzak aclaró que analizará individualmente las excepciones procesales y que resolverá sobre las mismas una vez concluidas las audiencias en principio el próximo 9 de octubre, tras escuchar a la totalidad de las partes involucradas en las causas que comprenden a las 119 personas imputadas.

Una vez que las resoluciones queden firmes y se determine quién sea el juez natural de la causa podrán comenzarán a efectivizarse las formulaciones de cargos.