Imputaron a un hombre por secuestrar, amenazar y golpear a un joven durante ocho horas

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de haber participado en la privación ilegítima de la libertad de un joven de la zona norte de Cipolletti, quien habría sido obligado a subir a un vehículo, retenido durante aproximadamente ocho horas, amenazado y golpeado antes de ser liberado.

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La investigación está a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y del fiscal adjunto Gabriel Lamas, quienes solicitaron la prisión preventiva del imputado al considerar que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y de intimidación hacia la víctima.

La víctima fue encontrada tras la denuncia de su familia

Según explicó Márquez Gauna, la familia del joven denunció el hecho de manera inmediata al advertir que había sido llevado contra su voluntad. A partir de la información aportada comenzaron las tareas investigativas que permitieron localizar con vida a la víctima y avanzar sobre uno de los presuntos integrantes del grupo que habría participado del secuestro.

“Fue encontrado el joven que había sido privado de la libertad y se hizo toda la investigación que permitió identificar a la única persona que, por el momento, pudimos señalar como integrante del grupo que lo habría tomado por la fuerza”, indicó el fiscal jefe.

La Fiscalía sostiene que el joven permaneció retenido durante unas ocho horas y que, al ser liberado, presentaba lesiones que fueron constatadas mediante un certificado médico.

La investigación sigue aunque la víctima no quiera denunciar

Uno de los aspectos centrales del caso es que la víctima, luego de brindar una primera declaración e identificar al sospechoso, manifestó que no quería continuar con la denuncia.

Sin embargo, Gabriel Lamas explicó que esa decisión no impide que la causa avance, ya que la privación ilegítima de la libertad es un delito de acción pública.

“Hay delitos que no pueden investigarse sin denuncia, como las lesiones. Pero la privación ilegítima de la libertad puede ser investigada por la Fiscalía aunque la víctima no quiera accionar penalmente”, señaló.

El fiscal agregó que, para el Ministerio Público, el cambio de postura de la víctima está directamente relacionado con el miedo que siente tras lo ocurrido.

“Interpretamos que ese ‘no quiero denunciar’ no es una decisión libre, sino que está atravesada por el temor, por el contexto y por la situación de desamparo en la que viven algunas personas vulnerables”, sostuvo Lamas.

Un acusado con condenas previas y tobillera electrónica

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que el imputado permanezca detenido de manera preventiva. Entre los argumentos expuestos se destacó que el acusado cuenta con condenas anteriores y se encontraba cumpliendo una medida con tobillera electrónica al momento de los hechos investigados.

Para los fiscales, esa situación incrementa el temor de la víctima y justifica la necesidad de garantizar su protección y preservar la investigación.

El juez hizo lugar al planteo y ordenó un año de prisión preventiva.

Buscan identificar a otros tres involucrados

La causa recién comienza y los investigadores consideran que el imputado no actuó solo. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, hay otras tres personas que habrían participado en la privación de la libertad del joven.

Márquez Gauna explicó que el plazo de un año de prisión preventiva corresponde al máximo previsto para este tipo de investigaciones complejas, aunque aclaró que la intención es resolver el caso en un tiempo menor.

“Es una investigación que recién inicia, es compleja, involucra a otras tres personas y un delito grave que no puede quedar sin ser investigado ni perseguido”, concluyó el fiscal jefe.