Qué es Sea Lion y por qué el Gobierno rechaza el mega yacimiento petrolero en Malvinas

Prevé un desembolso global de 3.900 millones de dólares durante treinta años para explotar reservas por trescientos catorce millones de barriles de petróleo, estimando el primer crudo para marzo de 2028 a través de un esquema que superará los sesenta pozos submarinos.

 

Ante este avance, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional medidas para impedir que firmas extranjeras exploten recursos argentinos en áreas ocupadas. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, expresó el mandatario.

 

El jefe de Estado advirtió: “Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”. Milei detalló que la Cancillería envió cerca de ciento ochenta notas de desaliento a empresas y veintinueve países, y anticipó un decreto para acelerar las sanciones de la ley 26.659, incorporando declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI.

 

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su postura oficial: “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida 'Decisión Final de Inversión' anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento Sea Lion ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.

Desde la Cancillería apuntaron que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Remarcaron que el rechazo alcanza a las normativas isleñas, las concesiones en la plataforma continental y la contratación de proveedores asociados.