El dueño de Manaos fue procesado por presunta evasión tributaria

Orlando Eduardo Canido, reconocido empresario y propietario de la emblemática empresa de bebidas Manaos, enfrenta actualmente un proceso judicial por presunta evasión tributaria. El tribunal federal de la ciudad de Morón decidió proceder con la demanda presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que abarca el período fiscal del año 2020. Este dictamen ha resultado en un embargo considerable de $250 millones tanto sobre los bienes personales del señor Canido como sobre la empresa misma.

El caso se presentó formalmente con la carátula 'Refres Now S.A. s/Inf. Ley 27.430', implicando una sumatoria inicial de casi $934 millones, atribuida a supuestas irregularidades fiscales que abarcaban los años 2017, 2018 y 2020. Sin embargo, tras una evaluación judiciaria, el procesamiento se redujo significativamente a $132 millones. 

La agencia ARCA había señalado que, originalmente, la millonaria deuda prevista ascendía a $934,2 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo y diversas consideraciones legales, se ha reducido la cifra significativamente, permaneciendo únicamente el año 2020 como relevante para la investigación. Ajustando las cifras a valores actuales, el total rondaría los $4.000 millones, de haberse mantenido originales.

Una parte intrigante del laxo fiscal de Manaos data, curiosamente, de antes del periodo de presidencia de Canido. En 2017, los registros muestran que Carlos Alberto Trujillo, apoderado de entonces, estuvo vinculado a la presunta evasión de impuestos de Ganancias con un monto señalado de $242,5 millones. Avanzando al año siguiente, bajo la dirección de Canido, las cifras se dispararon a $454 millones, distribuidos entre Ganancias, IVA e impuestos internos. Ya en 2020, el total reportado fue de $237,6 millones dentro de las mismas ramificaciones fiscales.

Según las alegaciones de ARCA, el modus operandi de Canido y su equipo consistió en reportar un sorprendente pasivo de $650 millones bajo la etiqueta de 'otras cuentas por pagar', presentado oficialmente como un préstamo del propio Norberto Ernesto Canido, accionista mayoritario. Mientras que $150 millones de dicho presunto préstamo fueron convalidados, $400 millones restantes fueron considerados un "pasivo simulado", resultando en la aplicación de un ajuste debido a un incremento patrimonial no justificado.

Una de las variables legales que ha jugado favorablemente en esta disputa es la implementación de la ley 27.799, denominada informalmente como la "Ley de Inocencia Fiscal". Dicha normativa elevó considerablemente el mínimo imponible para considerar acciones de evasión tributaria, y se ha aplicado retroactivamente en el caso del señor Canido, ya que se clasifica como ley más benefactora. Como consecuencia, varios tributos de 2018 han prescrito, y las cifras correspondientes a IVA e impuestos internos de 2020 no satisfacen el reciente umbral imponible.

La culminación de este proceso tiene implicaciones múltiples tanto para el señor Canido como para la imagen de Manaos. La empresa, que ha centrado siempre su publicidad en la consigna de una bebida nacional accesible, ahora enfrenta un reto crítico en términos de percepción pública, mientras que las observaciones fiscales y legales seguirán llegando a una resolución definitiva en los tribunales justo al borde de una balanza que se inclina entre legalidad, prescripciones, y alegaciones reformadas.