Judiciales
Huergo: Penilla encontró un listado de nombres para reemplazar a funcionarios municipales si dejaba la intendencia
La intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, sumó un nuevo elemento a la justicia, que atraviesa su gestión. Según relató en diálogo con LCR Diario, encontró ayer, martes 11 de agosto, dentro del recinto del Concejo Deliberante algunas hojas arrancadas de un cuaderno que contienen un borrador con cargos municipales y las iniciales de las personas que ocuparían esas funciones si ella era apartada del Ejecutivo.
Aunque el material fue encontrado ayer, las hojas llevan como fecha el 26 de junio, pocos días antes de la audiencia judicial que estaba prevista para el 1 de julio. Para Penilla, este dato resulta significativo porque, según su interpretación, el documento demostraría que ya se contemplaba un escenario para reemplazar a funcionarios municipales antes de que la Justicia resolviera si correspondía formularle cargos.
Entre los puestos que, según indicó la intendenta, aparecen distribuidos en las hojas figuran Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Recursos Humanos.
Penilla aseguró que ya le comunicó el hallazgo a su abogado y vinculó el contenido del documento con la causa judicial que desde 2024 investiga una presunta administración fraudulenta y un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Justicia rechazó formular cargos
El nuevo elemento aparece luego de la audiencia realizada el 30 de julio, cuando el juez de Garantías Gastón Pierroni rechazó el pedido de la Fiscalía para formular cargos contra Penilla, el exsubsecretario de Gobierno Darío Cavia y su pareja, Eva Müller.
La investigación se centra en una serie de maniobras ocurridas entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Según la acusación, Cavia no podía facturar por haber sido designado mediante decreto y determinados servicios habrían sido cobrados a través de facturas emitidas por Müller. La Fiscalía sostuvo que esto implicó una disposición irregular de fondos municipales por más de 6 millones de pesos.
Sin embargo, Pierroni consideró que los hechos descriptos por el Ministerio Público Fiscal no configuraban un delito penal. Si bien señaló que existía una “irregularidad manifiesta” y una “registración defectuosa”, sostuvo que no se había acreditado un lucro indebido ni un perjuicio patrimonial concreto para el municipio.
“La descripción del hecho que hizo la Fiscalía no configura un ilícito penal”, sostuvo el magistrado durante la audiencia.
La Fiscalía, representada por Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazzana, manifestó su desacuerdo con la resolución. Cascallares sostuvo que existió una disposición irregular de fondos públicos y cuestionó que no se pudiera determinar con claridad bajo qué concepto había salido ese dinero.
El planteo de la Fiscalía será analizado este jueves 13 de agosto, cuando se realice la audiencia de revisión de la resolución de Pierroni. Allí se determinará si corresponde revisar la decisión adoptada por el juez de Garantías.
Penilla sostiene que había un plan para apartarla
A partir del hallazgo de las hojas, la intendenta interpretó que existía una planificación previa para ocupar distintas áreas municipales en caso de que ella fuera suspendida o apartada del cargo.
“Ellos ya tenían armado el gabinete antes de que la audiencia dictamine si se formulaban o no los cargos. Ya tenían premeditado el objetivo de todo esto”, sostuvo Penilla, quien agregó que considera que el objetivo de los concejales de la oposición que impulsaron los cuestionamientos es destituirla.
La jefa comunal también cuestionó que integrantes del Tribunal de Cuentas continúen hablando de irregularidades y afirmó que, según su interpretación, el organismo no emitió un dictamen que determine formalmente su existencia, tal como establece la Carta Orgánica.
“Esto es político, donde vuelven a insistir con una situación que el juez Pierroni fue muy claro, esto no puede catalogarse como delito de ninguna manera, ya que es una irregularidad administrativa, de un solo sueldo, que ellos lo quieren desvirtuar”, afirmó.
Y agregó: “Quieren sacar a una persona que fue electa por el pueblo de Ingeniero Huergo”.
Una causa que comenzó en 2024
La investigación se inició en septiembre de 2024, a partir de una denuncia presentada por la entonces presidenta del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos, el vocal Rodrigo Amorosi y los concejales Antonio Casanova y Gabriela Martín.
La presentación cuestionó la designación de Cavia como subsecretario de Gobierno y el mecanismo utilizado para el pago de sus haberes. Según la denuncia, el funcionario no figuraba en la planta municipal y parte de los pagos se habría realizado mediante facturación presentada por su pareja, Eva Müller.
A raíz de esa denuncia, la Fiscalía ordenó un allanamiento en el edificio municipal para obtener documentación contable y administrativa vinculada con la investigación.
En septiembre del 2025 año, la Justicia rechazó un pedido de desafuero contra Penilla al considerar que todavía no resultaba necesario para el avance del proceso.
Durante la audiencia del 30 de julio, Pierroni también rechazó la participación como querellantes de integrantes del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante, al considerar que ambos forman parte del propio municipio y que la Carta Orgánica no los habilita para intervenir autónomamente en ese rol. El querellante Federico Diorio anticipó una reserva para cuestionar esa decisión.
La revisión judicial será este jueves
Con el hallazgo del documento como nuevo elemento señalado públicamente por Penilla, la causa tendrá este jueves una instancia clave. La audiencia de revisión deberá determinar si se mantiene la resolución del juez Pierroni o si, a partir de los argumentos de la Fiscalía, corresponde revisar el criterio adoptado respecto de la formulación de cargos.
“Lo único que yo he hecho todo este tiempo es levantar la municipalidad que recibí”, concluyó Penilla en diálogo con LCR.
