Rechazaron el sobreseimiento a uno de los siete policías que hace cinco años fueron imputados por apremios en Regina
En el marco de una causa judicial iniciada por hechos de violencia institucional ocurridos en 2019, la Justicia local rechazó en los últimos días la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de uno de los policías involucrados. El abogado defensor había pedido el cierre de la causa argumentando un exceso en los tiempos procesales e inactividad fiscal; sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez de Garantías desestimaron el planteo.
El expediente se remonta al 22 de febrero de 2019, cuando efectivos de la Comisaría Quinta desplegaron un operativo en la vía pública en el que demoraron a varios sujetos en un domicilio de calle Capitán Giacchino y en avenida Mitre. Las víctimas denunciaron haber recibido golpes de puño en distintas partes del cuerpo al momento de ser abordadas, agresiones que continuaron en el interior de los patrulleros durante el traslado y prosiguieron dentro del edificio policial.
En abril de 2021, la Fiscalía formuló cargos a siete uniformados. Las pruebas incorporadas incluyeron certificados médicos, fotografías, peritajes del Cuerpo Médico Forense e informes del libro de guardia y partes diarios de los móviles.
Con el avance de la investigación, algunos efectivos resultaron sobreseídos, pero tres de ellos continúan plenamente vinculados bajo las figuras de apremios ilegales, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
¿Por qué no prescriben los plazos ni aplica el exceso de tiempo?
Al evaluar la solicitud de sobreseimiento por la cantidad de años transcurridos desde el hecho, el juez de Garantías Gastón Pierroni recordó los criterios fijados por el Código Procesal Penal para este tipo de delitos.
En el ámbito penal, la regla general establece límites estrictos para la duración de las investigaciones y los procesos. No obstante, el plazo de prescripción se suspende mientras el imputado continúe ejerciendo la función pública, una excepción prevista específicamente para evitar que el uso del poder institucional obstaculice el accionar de la Justicia.
Asimismo, el magistrado fundamentó su rechazo remarcar que se trata de una causa de alta complejidad, con múltiples víctimas y varios uniformados investigados. También remarcó que la causa no ha estado paralizada. Por el contrario, la fiscal Vanesa Cascallares ratificó la existencia de avances concretos, motivo por el cual en el corto plazo se fijará la audiencia de control de acusación, paso previo para elevar la causa a juicio oral y público.
