El Gobierno oficializó un aumento del 2,9% en los aranceles para discapacidad
El Gobierno nacional ha decidido implementar una actualización en el sistema de prestaciones ofrecido a personas con discapacidad, reflejando así su compromiso continuo con el bienestar de esta parte significativa de la población. La resolución que formaliza esta decisión es la 13/2026, emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, una dependencia del Ministerio de Salud. Esta acción fue anunciada a través de su publicación en el Boletín Oficial con fecha de este lunes, asegurando su conocimiento público y transparencia.
La normativa ha determinado un incremento del 2,9% en los aranceles vigentes del nomenclador que se aplican desde marzo, incremento establecido en correspondencia con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero. Es importante destacar que esta actualización no discrimina entre los tipos de prestaciones, aplicándose de manera uniforme. Esta medida utiliza como referencia los valores que se habían estipulado previamente para estas prestaciones.
El impacto de esta actualización se contempla dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, soporte fundamental para individuos con discapacidad amparado bajo la Ley 24.901. Este sistema regula servicios esenciales como centros de día, prestaciones en el ámbito educativo, hogares de residencia, tratamientos de rehabilitación y servicios de transporte, además de otros servicios. Todos estos aspectos son esenciales para garantizar una adecuada calidad de vida para las personas con discapacidad.
Al observar algunos de los ajustes en los montos, un centro de día con jornada completa, considerado como categoría A, verá una nueva tarifa de $977.500,48. Asimismo, el costo de un hogar permanente excederá los $1,83 millones. En cuanto a los servicios de rehabilitación que requieren internación, estos registrarán costos que superarán los $5,2 millones mensuales. Estos valores reflejan el esfuerzo por ajustar las tarifas a la realidad económica y cubrir los gastos que cada servicio amerita.
Adicionalmente, el marco de esta normativa incluye un importante detalle sobre la compensación por ubicación regional. Se establece, según lo ratificado por esta resolución, un pago adicional del 20% sobre los servicios brindados en la zona considerada como desfavorable en la región patagónica. Esta compensación busca nivelar las cargas económicas de las unidades prestadoras ubicadas en dicha zona, en complemento con lo ya establecido por las normativas anteriores. Este ajuste en las prestaciones se alinea con el marco de actualizaciones periódicas del nomenclador.
