Golpearon a un hombre en la calle hasta matarlo: imputaron a tres personas en Allen
Una golpiza en plena vía pública terminó con la muerte de Víctor Oscar Villalobos el 12 de marzo de 2025, en la esquina de Nocalás Tapia y Paraguay, en Allen. Por el hecho, la Fiscalía descentralizada formuló cargos contra tres personas —dos hombres y una mujer—, a quienes imputó el delito de homicidio preterintencional.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, ese día, alrededor de las 14, un llamado al Comando Radioeléctrico alertó que Villalobos portaba un arma blanca e intentaba ingresar a una vivienda del sector. Al arribar personal de la Unidad 33°, la situación derivó en un episodio de extrema tensión: el hombre tenía un cuchillo y habría arrojado puntazos a vecinos y a efectivos policiales.
Según se expuso en audiencia, cuando Villalobos fue rodeado por vecinos, recibió un golpe en el brazo que hizo que soltara el arma. Luego, ya reducido, un grupo de personas —entre ellas los tres imputados— comenzó a agredirlo.
Tras la agresión, la víctima se descompensó en el lugar. Una ambulancia constató su fallecimiento minutos después. La Fiscalía dispuso la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial, cuya autopsia determinó que la causa de la muerte fueron las lesiones sufridas, compatibles con un politraumatismo grave.
La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal —y adherida por la querella y la Defensa Pública— es la de “homicidio preterintencional” (artículos 45 y 81 inciso b del Código Penal), una figura que reconoce que no hubo intención directa de matar, pero que la agresión ejercida derivó en un desenlace fatal.
Entre las pruebas presentadas en esta instancia, la Fiscalía mencionó el procedimiento policial de la Unidad 33°, entrevistas a testigos, el certificado médico de la víctima, el informe de autopsia del CIF y peritajes del Gabinete de Criminalística.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías dispuso medidas cautelares para los imputados, entre ellas la fijación de domicilio y la obligación de informar cualquier cambio de residencia, con el fin de reducir el riesgo de fuga. Con esta resolución, quedaron formalmente imputados y se dio inicio a la etapa preliminar de investigación.
