INCENDIOS EN LA PATAGONIA
El Gobierno analiza la posibilidad de sumar a las sesiones extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea
Desde hace varios meses, los incendios forestales en la Patagonia han arrasado con más de 230 mil hectáreas de bosques nativos, una situación crítica que pone en riesgo tanto el ecosistema regional como las comunidades que dependen directamente de su salud. Esta catástrofe ambiental ha generado dardos dirigidos al gobierno encabezado por Javier Milei, quien ha sido acusado de inacción y de no enviar representantes a las áreas afectadas para evaluar la gravedad del problema.
Mientras el país enfrenta una emergencia ecológica, el enfoque del presidente Milei ha estado en el centro de atención debido a las recientes decisiones de ajuste sobre los programas de prevención de incendios. Durante estas críticas semanas, el presidente apareció protagonizando eventos distantes en Mar del Plata, alimentando las críticas sobre su aparente desinterés por la tragedia en curso en la Patagonia.
En concordancia con estas críticas, han crecido masivamente las demandas de los gobernadores de la región patagónica, quienes exigen acciones efectivas y rápidas para mitigar el impacto de los incendios. Gobernadores como Ignacio Torres de Chubut, Alberto Weretilneck de Río Negro y otros, han hecho públicos sus pedidos a la Casa Rosada para que autorice la libre disposición de recursos con el fin de combatir el impacto devastador del fuego en sus provincias.
Ante esta presión creciente, existe una consideración dentro del gobierno de incorporar, en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, la Ley de Emergencia Ígnea. Aunque esta es una propuesta resistida por ciertos sectores del oficialismo, podría proporcionar herramientas cruciales para las provincias más afectadas gracias a una serie de medidas que potenciarían la respuesta a los incendios a nivel nacional.
De ser aprobada, la Ley ofrecería la capacidad de liberar fondos adicionales y facilitar la incorporación de recursos aéreos y equipos esenciales. Asimismo, tendría el potencial de mejorar la coordinación entre el gobierno central y sus contrapartes provinciales, garantizando un soporte pleno y coordinado para las comunidades afectadas, mientras se trazan planes integrales de acción ante los incendios forestales y sus secuelas, en búsqueda de un más eficiente manejo de esta crisis ambiental sin precedentes.
