LEGISLACIÓN
El proyecto de ley Penal Juvenil será tratado en las extraordinarias de febrero
El Gobierno de Javier Milei ha incluido el proyecto para una nueva Ley Penal Juvenil en el temario a tratar durante las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en febrero. Este controvertido paso ha suscitado expectativas de intensos debates en el Congreso de la Nación, ya que se perfila como un intento decisivo de abordar la problemática de la inseguridad mediante métodos preventivos punitivistas.
El plan del gobierno, encabezado por el presidente Milei y sus principales asesores, busca no solo implementar reformas laborales sino también ajustar el régimen penal juvenil, una medida que hasta ahora ha encontrado resistencia y controversia. Durante una reciente reunión en la Casa Rosada, las principales figuras del oficialismo delinearon su estrategia para abordar estos temas críticos.
Se espera que la Ley Penal Juvenil incluya una propuesta para reducir la edad de imputabilidad, un aspecto que ha estado bajo el escrutinio público y político debido a su carácter sensible. Esta iniciativa se había quedado en suspenso el año anterior por falta de consenso, pero el nuevo escenario político podría cambiar la situación. Con el Congreso actual mostrando una dinámica diferente tras las elecciones recientes, el Ejecutivo apuesta a convencer a aliados y opositores de avanzar con esta legislación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo pública la inclusión del tópico de la ley penal juvenil en las redes sociales, con el objetivo de conseguir un respaldo más amplio tanto del propio oficialismo como de otras bancadas parlamentarias. Este es un esfuerzo compartido con la senadora Patricia Bullrich, quien ha sido una voz consistente a favor de reformar las leyes actuales. Ella sostiene que es necesario endurecer las penas para los jóvenes involucrados en delitos graves, argumentando que el enfoque actual muestra debilidades al no abordar la situación con mano firme.
La suma del tema de la Ley Penal Juvenil a las sesiones extraordinarias supone también un reto organizativo y estratégico para el Gobierno, que debe equilibrar y coordinar sus esfuerzos en la reforma laboral, que sigue siendo una prioridad clave en su agenda política. Tanto los observadores políticos como los analistas coinciden en que este nuevo enfoque legislativo puede aumentar las tensiones dentro del cuerpo legislativo, dado su carácter controversial y polarmente debatido por las distintas fuerzas del ámbito político y social.
