Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para evitar su transferencia al extranjero

El Consejo Federal de Suiza ha tomado la determinación de congelar de forma inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a su figura posean dentro del país alpino. Esta decisión surge en respuesta a la volátil situación política en Venezuela tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a suelo norteamericano. Aclararon, sin embargo, que esta drástica acción no incluye a los miembros del actual gabinete venezolano, quienes han quedado fuera del alcance de esta nueva disposición reglamentaria.

 

La fundamentación de esta medida se ancla en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). El Consejo Federal apuntó que se busca evitar cualquier intento por parte del entorno de Maduro de movilizar activos hacia el extranjero durante este incierto periodo de cambio de poder en Venezuela. En caso de comprobarse que los activos congelados fueron obtenidos ilícitamente, Suiza se compromete a trabajar para que su destino final sea el beneficio colectivo del pueblo venezolano.

 

 

Esta acción se suma al régimen de sanciones implementadas en 2018 bajo la Ley de Embargo, las cuales ya imponían bloqueos a ciertos activos relacionados con personalidades y entidades venezolanas específicas. Sin embargo, las recientes disposiciones vinculadas a la FIAA amplían el espectro, abarcando a individuos previamente no incluidos en las sanciones suizas, reforzando así su blindaje económico contra transferencias cuestionables hacia afuera del país.

 

Suiza ha reasegurado en su comunicado que la falta de poder de Maduro no influye sobre la aplicación de la FIAA, y asegura que un mero cambio de liderazgo en Venezuela constituye un motivo suficiente para iniciar procedimientos legales sobre los activos que posiblemente fueron fruto de gestiones corruptas o irregulares durante su mandato.

 

La congelación de estos activos tendrá inicialmente una vigencia de cuatro años, pero la revisión periódica dependerá de los avances judiciales y de la estabilidad política venezolana.