Piden elevar a juicio la causa por la nena de 10 años gaseada por la Policía Federal
En un caso que ha generado una creciente atención pública, el fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado que el agente de la Policía Federal Argentina, Cristian Miguel Rivaldi, enfrente un juicio oral y público. Los cargos que penden sobre él se derivan de un controvertido incidente ocurrido el 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación frente al Congreso de la Nación que defendía los derechos de los jubilados.
En medio de la confusión y las tensiones del momento, Rivaldi presuntamente utilizó spray de gas pimienta de manera temeraria, ofreciéndolo hacia Carla Pegoraro y su hija de tan solo 10 años - Fabrizia Pegoraro. Las consecuencias físicas no se hicieron esperar; la menor fue diagnosticada con conjuntivitis química tras ser atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. La madre, por su parte, sufrió irritaciones y dolor persistente durante los días subsecuentes.
El fiscal Taiano enfatizó en su requisitoria que el proceder del oficial fue no solamente 'desproporcionado', sino también claramente 'injustificado'. Afirmó que este uso erróneo de fuerza contravino los protocolos vigentes relacionados con la aplicación racional de la coerción y el empleo de armas no letales. Bajo tales premisas, anunció que Rivaldi será juzgado por abuso de autoridad y lesiones agravadas.
En su defensa, Rivaldi se aferró a la narrativa de que su accionar estuvo bajo la dirección del Comando Unificado, con base en un marco proporcionado por la orden de servicio N° 2978/2024 que regía durante la protesta. Sin embargo, Taiano presentó imágenes contundentes, que aseguran que Rivaldi apuntó directamente a madre e hija a pesar de tener clara la situación que tenía frente a sus ojos, socavando así su declaración exculpatoria.
Con este nuevo pedido fiscal, el expediente ha sido formalmente preparado para encaminarse a la instancia de juicio oral, donde se buscará definir las responsabilidades penales del uniformado por haber manejado incorrectamente su autoridad durante una manifestación pública. Este proceso no solo sirve para dar respuesta a los afectados directos, sino también sienta un precedente sobre el tratamiento de la fuerza en contextos de protestas en Argentina.
