La Justicia exige a Economía que revele el acuerdo de Milei con el FMI por USD 20.000 millones
En un acontecimiento que podría tener profundas repercusiones en el debate nacional sobre la transparencia gubernamental, un reciente fallo judicial ha ordenado al Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, que divulgue completamente los detalles del DNU 179/2025. Este decreto es la base del acuerdo de un préstamo de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, un compromiso financiero que el gobierno argentino asumió en un momento crítico para la economía del país.
La decisión emanó del Juzgado Federal de Dolores, que actuó tras una acción de amparo presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas organizaciones argumentaron que el Ministerio de Economía había incumplido la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) al no entregar el expediente completo en el tiempo estipulado.
En el desarrollo del caso, el ministerio habría intentado sortear la entrega del expediente mediante métodos administrativos ilegales. Se observó un patrón de intentos para bloquear el acceso, que incluyó el uso de maniobras dilatorias como solicitar extensiones y luego tratar el pedido bajo regulaciones más estrictas, dividiendo el proceso en un complejo laberinto burocrático.
El dictamen judicial fue contundente al recalcar que la normativa creada por la democracia debe prevalecer sobre las reglamentaciones impuestas en tiempos de regímenes autoritarios. El juez hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre el acceso a la información pública como un derecho humano inalienable. Este acceso es vital para fomentar una real interacción del pueblo con los procesos del Estado.
Particularmente preocupante, según el fallo, es la falta de especificación en el DNU sobre las condiciones y motivos del préstamo. Esto intensifica la preocupación sobre la necesidad de adoptar el principio de máxima divulgación, en especial cuando están en juego decisiones de alto impacto económico. Se destacó que la transparencia no es solo un deber del Estado, sino una herramienta esencial para promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
