Es oficial: el Gobierno vetó leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad
La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar varias leyes significativas ha encendido el debate político en Argentina. Estas leyes, que fueron aprobadas el pasado 10 de julio por el Senado, incluían un aumento en las jubilaciones, la extensión de una moratoria previsional y la declaración de una emergencia en discapacidad. La confirmación del veto se produjo mediante el decreto 534/2025, publicándose en el Boletín Oficial, lo cual dejó al Congreso con la tarea de decidir el futuro de estas reformas.
La propuesta jubilatoria pretendía incrementar pensiones y haberes en un 7.2%, además de aumentar el bono de $70,000 a $110,000, y ajustarlo con la inflación. La moratoria previsional permitía a aquellos sin los 30 años de aportes necesarios, gozar de un período de dos años para regularizar su situación. Sin embargo, estas y otras medidas ahora quedan en suspenso por la acción presidencial.
El proyecto de discapacidad, una de las iniciativas más significativas por su impacto social, también enfrenta un retroceso. La legislación, promovida por el diputado Daniel Arroyo, buscaba aumentar las pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo jubilatorio y aseguraba su compatibilidad con empleos formales, siempre que no sobrepasaran dos salarios mínimos. Estas medidas estaban orientadas a favorecer a un sector vulnerado de la población durante los próximos dos años.
Detrás del veto presidencial se encuentra un argumento central: la protección del equilibrio fiscal. Milei sostiene que la aplicación de estas leyes sería perjudicial para las finanzas del país. "Vamos a vetar y, si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo llevaremos a la justicia", manifestó con firmeza el mandatario durante un reciente discurso ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, reafirmando su compromiso con una política económica basado en el superávit fiscal.
El procedimiento legislativo detrás de la aprobación de estas leyes fue objeto de críticas plasmadas en el documento oficial. Se cuestiona la falta de una convocatoria formal a los senadores y ciertas irregularidades en la votación, particularmente la necesidad de una mayoría de dos tercios que, según el Presidente, no se cumplió.
Estos actos fueron notificados por la Secretaría Parlamentaria, que indicó la invalidez jurídica de los dictámenes como resultados de fallas reglamentarias. Con el rechazo formalizado, todo se resume a la voluntad del Poder Legislativo. Para que el veto de Milei persista, el oficialismo deberá conseguir 86 votos en el Congreso, desatándose así, un nuevo capítulo en la fragua política argentina.
