El fiscal apeló la decisión del Juzgado de Río Gallegos que habilitó a Cristina Kirchner para votar
Cristina Fernández de Kirchner protagoniza una nueva controversia legal sobre su derecho al voto en las próximas elecciones legislativas. Este tema será abordado por la Cámara Nacional Electoral tras la impugnación del fiscal federal Julio César Zárate a una resolución del Juzgado Federal de Río Gallegos, que mantenía vigente la inscripción de la exmandataria en el padrón electoral.
El punto de partida de esta contienda judicial data de poco más de una semana atrás, cuando la jueza federal suplente Mariel Borruto declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del Código Penal y del Código Nacional Electoral. Los artículos cuestionados, el 12 y el 19 del inciso 2 del Código Penal, y el artículo 3, inciso “e” del Código Nacional Electoral, establecen restricciones sobre el ejercicio de los derechos electorales para personas condenadas.
Dicho contexto legal ha sido especialmente relevante para el caso de Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a causa de corrupción en el caso Vialidad. Las normativas mencionan explícitamente la exclusión de los condenados por delitos intencionados de participar en procesos electorales.
A pesar de estas regulaciones, la magistrada Borruto argumentó que privar del derecho al voto a Fernández de Kirchner violaría principios fundamentales sostenidos por el máximo órgano judicial de Argentina y por criterios internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invocó además el precedente del "caso Zelaya", un dictamen en el que a un individuo con arresto domiciliario se le permitió votar pese a su condena final.
Dicha argumentación se enfrenta al recurso de Zárate, quien subrayó las diferencias clave en la naturaleza de los delitos, especialmente considerando que el caso de la expresidenta involucra corrupción. La decisión recae ahora en los jueces de la Cámara Nacional Electoral, quienes deberán sopesar estos argumentos y resolver si mantener a Fernández de Kirchner en el padrón electoral viola o no el marco legal vigente.
De hecho, este no es el primer conflicto alrededor del derecho al voto de condenados. El "caso Orazi", resuelto primero por la Cámara Nacional Electoral y posteriormente ratificado por la Corte Suprema, concluyó que el retiro automático de este derecho es inconstitucional y exhortó al Poder Legislativo a emitir un nuevo marco que regule la situación.
