El Gobierno eliminó otros dos programas que asistían a mujeres víctimas de violencia de género
El recorte de programas gubernamentales diseñados para asistir a mujeres en situaciones de vulnerabilidad acaba de experimentar un severo golpe, causando preocupación entre defensores de derechos y ciudadanos. A raíz de la nueva resolución emitida por el Ministerio de Justicia, ha quedado claro que la administración de Javier Milei ha decidido dar un giro radical a las políticas de género en el país.
Meses atrás, la desaparición del Ministerio de la Mujer levantó críticas severas de diversas organizaciones que evidenciaban ya un preocupante retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Este miércoles, el nuevo golpe fue la derogación de dos programas fundamentales que servían de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Las resoluciones 575/2021 y 55/2022, que crearon el Registro Nacional de Organizaciones Sociales y el Programa Acercar Derechos, fueron oficialmente anuladas a través de la Resolución 466/2025. Esta última estuvo a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien reafirmó que el marco actual no ofrecía respuestas apropiadas a cuestiones que deberían considerarse prioritarias.
Por su introducción, la crítica fue inmediata y personajes influyentes del ámbito social expresaron su inquietud por la falta de alternativas que sigan auxiliando a mujeres en situación de vulnerabilidad. "La motosierra que el gobierno insiste en aplicar únicamente genera caos y debilitamiento de los escudos que alguna vez protegieron a las mujeres de la violencia," destacó una vocera de una organización de derechos humanos. Agregaron que las decisiones que se toman lejos de fomentar soluciones, dejan a las mujeres sin recursos y en soledad frente a problemáticas que requieren urgente acción.
Previo al recorte, estos dos programas proporcionaban herramientas críticas para abordar de manera integral las diversas capas de violencia ejercida contra las mujeres y personas LGBTI+, aportando un marco de acción basado en la intersección de derechos y contextos locales. Con el fin del Registro Nacional de Organizaciones Sociales, se pierde un recurso fundamental que gestionaba y consolidaba datos esenciales sobre entidades que operan con una perspectiva de género. Mientras que por otro lado, tal como especulan fuentes internas, el Programa Acercar Derechos mostraba huecos significativos en su implementación que aparentemente decidieron no ser solucionados, sino eliminados por completo.
