Desde el gobierno de Río Negro aseguran que se protegieron mil puestos de trabajo en Alpat
El Gobierno de Río Negro aseguró que la colaboración con Alpat permitió asegurar alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la Zona Atlántica rionegrina. Esta medida se enmarca en el Plan de Mantenimiento del Empleo Rionegrino y busca asegurar el sustento laboral de casi mil familias vinculadas a esta producción estratégica.
De acuerdo al comunicado emitido, "la ayuda provincial, que asciende a 793.300.000 pesos mensuales, fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y se extenderá entre mayo y septiembre. Los fondos provienen del bono por la renegociación de concesiones hidrocarburíferas, en línea con lo establecido por la Ley 5733, que permite su destino a políticas sociales".
El documento emitido señala que "el subsidio está destinado exclusivamente a solventar parte de los gastos en consumo de gas de la empresa, lo que permitirá mantener la operatividad de la planta". La urgencia de esta asistencia radica en el "aumento indiscriminado de los valores del gas avalados por el Gobierno Nacional", sumado a la "apertura de importaciones por parte del Gobierno centralista de productos similares a los producidos en la planta de San Antonio Oeste".
Estos factores, según se detalla, pusieron en serio peligro la producción y, consecuentemente, la continuidad de los puestos de empleo, con la amenaza latente de un cierre de la empresa. El costo del servicio de gas natural representa un crítico 46% de los costos de producción, llevando a la firma a declarar un escenario crítico.
La planta de Alpat no es solo fundamental para Río Negro, donde aporta cerca del 50% de la actividad económica de San Antonio Oeste, sino que su carácter de única productora de carbonato de sodio en América Latina la convierte en una pieza estratégica para todo el país.
La decisión gubernamental fue adoptada "tras una serie de audiencias encabezadas por la Secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz. En estos encuentros se construyó un marco de diálogo con la empresa y los gremios, procurando garantizar la paz social, cuidar las fuentes de empleo y avanzar en medidas complementarias que permitan la sostenibilidad a largo plazo".
Como parte del acuerdo alcanzado, Alpat se comprometió a presentar un flujo de fondos proyectado para los próximos 12 meses. Además, se designarán dos veedores: uno de la Secretaría de Trabajo, que supervisará el cumplimiento de los compromisos laborales, y otro contratado por la empresa, que monitoreará su situación financiera, asegurando así la transparencia y el seguimiento de los compromisos asumidos.
