Prorrogaron las medidas cautelares al ex Presidente del Concejo Deliberante de Catriel
En el día de hoy, la Justicia resolvió prorrogar por el plazo de cuatro meses las medidas cautelares impuestas oportunamente a Alberto Alfredo Ariaudo, ex presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Catriel, quien se encuentra imputado por los delitos de coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en forma reiterada.
Esta decisión judicial se tomó a pedido del fiscal jefe, en virtud de que el vencimiento de las medidas estaba previsto para el 15 de julio. La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa se opuso, argumentando que la investigación ya había concluido, que se ofreció toda la prueba y que el comportamiento procesal del imputado fue intachable durante los últimos cuatro meses. Aun así, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y mantener las medidas.
Entre las condiciones establecidas se le impone al acusado fijar y mantener domicilio, presentarse semanalmente ante la justicia y no entorpecer el accionar judicial. También se le prohíbe estrictamente todo tipo de contacto, ya sea directo, indirecto o a través de terceras personas, con los testigos, la víctima principal y otras personas vinculadas al caso. Ariaudo no puede acercarse a menos de 300 metros de la vivienda de la intendenta, ni puede concurrir al edificio municipal ni a la sede del Concejo Deliberante.
Durante la audiencia, el magistrado rechazó la solicitud de morigerar las condiciones planteada por la defensa, y expresó que es probable, aunque aún no esté probado, que Ariaudo haya tenido en sus manos un arma de fuego y que haya proferido amenazas, por lo cual se formularon los cargos en su contra. Añadió que existen testigos y una víctima mujer, y que en ese contexto corresponde aplicar el principio de debida diligencia reforzada, conforme lo establece la normativa nacional e internacional en relación a los derechos de las mujeres frente a situaciones de violencia de género.
La imputación está relacionada con una serie de hechos ocurridos durante el mes de marzo. El primero de ellos habría ocurrido el día 8, cuando Ariaudo, mediante mensajes de WhatsApp, habría amenazado al asesor técnico del municipio con el objetivo de que abandone su puesto laboral, provocándole temor. El segundo hecho tuvo lugar el viernes siguiente, cuando el imputado habría enviado una amenaza por la misma red a la intendenta, generando también temor en ella.
El tercer hecho se vincula con la presencia de Ariaudo en el edificio del Concejo Deliberante portando un arma de fuego tipo revólver de uso civil, sin autorización legal, la cual habría exhibido ante una cámara de seguridad con intenciones intimidatorias. En el cuarto hecho, el funcionario habría amenazado al secretario de Prensa de la Municipalidad. En el quinto episodio, tras haber amenazado telefónicamente al encargado del área de Comunicación, habría intentado agredirlo físicamente al presentarse en el municipio. Finalmente, en el último hecho, habría portado nuevamente un revólver sin autorización en el patio frontal del edificio municipal, donde se lo habría mostrado a dos personas.
La calificación legal por la cual se formularon cargos es coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada. La causa se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria.
