El Gobierno solicitó a la Justicia de EE.UU. que suspenda el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF
En uno de los capítulos más complejos en la relación con los tribunales internacionales, el Gobierno argentino ha decidido llevar su defensa al ámbito judicial estadounidense ante la potencial transferencia del 51 % de las acciones de YPF. Esto responde a un fallo que beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park en un reclamo valuado en más de 16.000 millones de dólares. El reclamo se basa en la nacionalización de la petrolera en 2012, un tema que ha generado tensiones económicas y políticas desde entonces.
El escrito presentado en defensa del Estado argentino se enfoca en las implicaciones económicas y estratégicas para el país: la Casa Rosada enfatiza que solo el Congreso puede autorizar movimientos accionariales que afecten al control del país sobre su principal empresa energética. El argumento central del Gobierno es que la entrega de estas acciones podría generar un daño irreparable, especialmente si son vendidas antes de que se resuelva la apelación en proceso en el sistema de justicia estadounidense.
El documento oficial captura la preocupación sincera de un gobierno decidido a proteger su soberanía frente a acciones legales que consideran exceden la jurisdicción de los tribunales extranjeros. Cerca de una decisión por parte de la jueza Loretta Preska en Nueva York, las expectativas del Ejecutivo, basadas en normas soberanas, esperan frenar temporalmente la entrega mientras solicitan una protección más amplia por parte del tribunal de apelaciones, argumentando que este caso no es simplemente comercial, sino que toca el núcleo del derecho internacional.
Este caso ejemplifica el conflicto entre derechos internos de un Estado soberano y las decisiones judiciales que se dan en otro territorio, marcando la pugna por los límites del derecho internacional. La postura argentina es clara: el intento de sobrescribir las leyes locales mediante una orden de transferencia ratifica viejas pugnas entre soberanía económica y decisiones judiciales externas.
A pesar de las posibles sanciones, desde la Casa Rosada se afirma tajantemente que no se cederá el control de YPF. Los interlocutores buscan la opción de ganar tiempo a través de frenéticas discusiones legales y simulan audiencias previas a la audiencia pública agendada para el Segundo Circuito, que esperan se concrete en el mes de septiembre.
